RML
La acción judicial se formalizó ante la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada. El escrito atribuye al regidor la presunta comisión de un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos, recogido en el artículo 542 del Código Penal, y plantea de forma subsidiaria una infracción por prevaricación del artículo 404 de la misma norma. La tramitación apela al cumplimiento del acuerdo municipal fijado el 27 de junio de 2023 y al mandato de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, disposiciones que marcaban el pasado 15 de julio como fecha límite para desarrollar la sesión ordinaria.
El texto registrado expone que durante las mismas fechas la actividad administrativa del Ayuntamiento continuó su ritmo habitual en otros órganos colegiados. La Junta de Gobierno Local celebró reuniones con normalidad los días 15 y 22 de julio y el 6 de agosto de 2026, convocatorias en las que la representación de los grupos de la oposición no tiene presencia legal. Esta circunstancia se utiliza en el expediente para fundamentar que la falta de pleno responde a una omisión deliberada y no a razones de fuerza mayor.
La iniciativa judicial defiende que la falta de convocatoria vulnera el derecho fundamental a la participación política recogido en el artículo 23 de la Constitución Española. Impedir el desarrollo del pleno ordinario elimina el espacio institucional donde la oposición ejerce la fiscalización del equipo de gobierno mediante la dación de cuentas de los decretos de Alcaldía, la presentación de informes y la formulación de ruegos y preguntas. La argumentación incluye precedentes de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como la sentencia 274/2025 de 26 de marzo, en la que se ampara la labor del representante público frente a maniobras que obstaculicen sus funciones de control.
"Este artículo ha sido redactado con la asistencia de herramientas de inteligencia artificial para la estructuración del texto y la revisión de estilo, bajo la supervisión y edición final de la redacción."
