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Una propuesta de reforma operativa e institucional demanda la reestructuración completa del sistema de prevención y extinción de incendios forestales en Castilla y León. El documento plantea la restitución del personal humano en la red de torres de vigilancia desmanteladas en provincias como Zamora, Salamanca, Palencia y Segovia, donde el cierre o abandono de estas instalaciones ha reducido la capacidad de detección temprana en el terreno.
Entre los puntos principales figura la creación de un cuerpo profesional autonómico de bomberos forestales con un mínimo del 80 % de la plantilla fija. El 20 % restante se integraría mediante bolsas de trabajo formadas para tareas de apoyo y remate, evitando la contratación precaria durante los meses de mayor riesgo. A su vez, se solicita que el operativo se mantenga activo durante todo el año para ejecutar labores estivales e invernales de desbroce, limpieza de montes públicos y acondicionamiento de cortafuegos.
La iniciativa cuestiona la inversión de 11 millones de euros destinada al despliegue de videovigilancia mediante cámaras, al señalar que este sistema cubre únicamente el 34 % de la superficie forestal y deja sin supervisión directa el 66 % restante. El informe, que ha contado con el asesoramiento técnico del ingeniero forestal Tirso Espada, solicita además un análisis médico-científico sobre la red IP privada utilizada por estos dispositivos debido a posibles riesgos electromagnéticos.
En el ámbito legislativo, el texto pide modificar el artículo 2.2.c de la Ley 3/2009 de Montes de Castilla y León. La norma actual impide reanudar el uso agrícola tradicional en terrenos abandonados durante más de veinte años que hayan adquirido rasgos forestales, lo que dificulta la recuperación de cultivos de secano como el centeno en zonas rurales afectadas por el despoblamiento.
