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Las diligencias policiales se iniciaron a raíz de una denuncia presentada en las dependencias oficiales de La Bañeza. La víctima detalló que había recibido una comunicación telefónica en la que una persona, haciéndose pasar por un operario de su actual compañía de suministro energético, le reclamaba de forma urgente el pago de una deuda pendiente bajo la amenaza de interrumpir de inmediato el servicio eléctrico en su inmueble.
Ante el temor de sufrir el corte de luz y los perjuicios asociados, la afectada realizó dos transferencias bancarias consecutivas por un importe global de 911 euros hacia la cuenta facilitada por los interlocutores. El posterior rastreo técnico y el análisis de la documentación financiera permitieron identificar a las presuntas responsables de la captación del dinero en la comunidad gallega, lugar hasta donde se desplazaron los agentes para proceder a su toma de declaración.
El procedimiento operativo empleado consistía en suplantar la identidad de las distribuidoras eléctricas comerciales mediante llamadas a particulares o establecimientos. Los autores argumentaban el impago de un recibo anterior y apremiaban a un ingreso rápido. Para la recepción de los fondos utilizaban cuentas bancarias reales abiertas a nombre de terceras personas a las que pagaban una contraprestación económica a cambio de ceder sus datos personales y mantener el anonimato de los verdaderos gestores de la trama.
Las actuaciones documentadas y las dos investigadas han quedado ya a disposición de los Juzgados de La Bañeza, al ser este el partido judicial donde se consumó la infracción penal. Ante la proliferación de estas modalidades delictivas basadas en la ingeniería social, las recomendaciones oficiales insisten en la importancia de verificar cualquier notificación de impago directamente con los canales de atención al cliente de la propia suministradora, evitando aportar claves, datos privados o realizar transferencias monetarias de forma apresurada.
