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El plan para implantar una nueva central hidroeléctrica de bombeo reversible en el Valle del Curueño ha generado un rechazo frontal por parte de colectivos medioambientales y agrupaciones de defensa del territorio. Las entidades conservacionistas sostienen que la ejecución de esta infraestructura carece de una base técnica y socioeconómica que la justifique, advirtiendo de que las obras e inundaciones proyectadas se traducirán en la alteración irreversible de los ecosistemas fluviales y los núcleos rurales del entorno afectado.
La zona elegida para el desarrollo de este complejo energético se asienta en pleno corazón de la Montaña Central leonesa, un espacio catalogado bajo figuras de protección ambiental debido a su singular patrimonio ecológico y geomorfológico. El valle destaca por albergar una amplia variedad de especies de flora y fauna protegidas por la normativa europea, un entramado singular de hoces calizas, densos bosques de ribera y una red de pueblos tradicionales que mantienen la arquitectura y los usos tradicionales de la montaña.
Este movimiento de oposición coincide en el tiempo con el despliegue del Programa Nacional de Almacenamiento Hidráulico de Energía. Dentro de esta planificación estatal, ya se ha formalizado la adjudicación técnica del estudio básico para proceder al desdoblamiento de cerca de 40 embalses que ya se encuentran operativos en la geografía nacional.
La provincia de León se sitúa en el centro de esta estrategia estatal de optimización energética al incluirse en los planes de ampliación los embalses de Bárcena, ubicado en la comarca del Bierzo, y el de Riaño, en la Montaña Oriental. Los colectivos ecologistas alertan de que la duplicación de vasos en estas infraestructuras existentes multiplicará los puntos de presión sobre el medio natural de la provincia, extendiendo los daños a la biodiversidad de otras comarcas leonesas de alta fragilidad biológica que sufrirán desmontes y variaciones drásticas en sus regímenes de caudales.
Los detractores del embalse reversible del Curueño inciden en que la preservación de los recursos hídricos y forestales debe primar sobre los intereses de los desarrollos industriales de generación eléctrica, reclamando la paralización inmediata de las fases previas del proyecto para evitar el deterioro del tejido socioeconómico de los municipios de la zona.
