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Los datos estadísticos actualizados del sistema VioGén reflejan que, del total de expedientes de violencia de género vigentes en Castilla y León, 2.690 corresponden a mujeres que tienen menores de edad a su cargo. Asimismo, la contabilidad oficial sitúa a 113 niños y niñas en una situación acreditada de riesgo de sufrir violencia vicaria, la modalidad de maltrato en la que el agresor utiliza a los hijos para causar daño a la madre. Dentro de este balance autonómico, la provincia de León concentra un volumen de 915 casos activos de violencia de género.
El desarrollo de la II Jornada Stop Violencia Vicaria ha servido de marco para que profesionales de los ámbitos judicial, sanitario, policial y asistencial evalúen los protocolos de detección temprana de este tipo de delincuencia. Los expertos participantes han coincidido en la necesidad de fijar el interés superior del menor como el principio rector obligatorio de cualquier tipo de intervención institucional, civil o penal.
La complejidad de estos escenarios delictivos requiere la implantación de planes de formación especializada dirigidos de forma directa a magistrados, fiscales, abogados, personal médico, trabajadores sociales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El perfeccionamiento en la identificación de los primeros indicadores de riesgo se considera un factor determinante para evitar situaciones de desamparo y coordinar las medidas cautelares de protección antes de que se produzcan agresiones físicas o psicológicas hacia la infancia.
La cooperación técnica entre las administraciones públicas y las organizaciones sociales especializadas constituye la vía principal para optimizar los recursos de tutela existentes. Durante las sesiones de trabajo se ha incidido en que la visibilización institucional de esta variante de la violencia machista resulta imprescindible para adecuar las herramientas de amparo legal a las necesidades específicas de las víctimas y de los menores dependientes.
