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La celebración el pasado 8 de agosto de una nueva edición del festival "Música en la Montaña" en el embalse de Aguilar de Campoo ha reavivado las críticas sobre la gestión de este formato cultural impulsado por la administración autonómica. El uso de terrenos de dominio público hidráulico sin la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) y la ausencia de retornos económicos acreditados en las comarcas organizadoras sitúan el evento bajo fiscalización parlamentaria.
El principal punto de conflicto se sitúa en la colocación de un escenario y una plataforma dentro del propio vaso del pantano palentino. El organismo de cuenca no emitió la autorización requerida para esta ocupación temporal, una irregularidad que se suma a la sanción administrativa que la propia CHD ya impuso al Ejecutivo regional en 2025 por utilizar ese mismo emplazamiento sin cobertura legal. Pese a ese antecedente sancionador, la infraestructura volvió a montarse en el mismo punto para dar cabida a miles de asistentes.
A esta falta de permisos se añade la petición formal de la documentación técnica y de seguridad que exige la normativa para eventos multitudinarios en entornos naturales. Entre los expedientes solicitados figuran la autorización de la Delegación Territorial, la conformidad explícita del propietario del monte, los informes de compatibilidad ambiental y el plan de autoprotección de emergencias. Además, se ha cuestionado el gasto de 300.000 euros presupuestado para la jornada, al considerar que esos fondos públicos tendrían un destino más eficiente si se destinasen a reforzar el operativo estival de prevención y extinción de incendios forestales.
Esta controversia organizativa no es exclusiva de la cita palentina. El evento homónimo que se desarrolla de forma anual en la localidad leonesa de Riaño arrastra dinámicas similares en cuanto a la ocupación masiva de espacios de alto valor ecológico adyacentes a la lámina de agua. En ambos casos, el modelo de macroconciertos de un solo día genera reservas sobre su capacidad real para dinamizar la economía local de los municipios de montaña, al tiempo que somete a los parajes protegidos a una presión logística sin los avales ambientales completados.
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