El Procurador del Común tramitó 6.267 expedientes en un año marcado por las reclamaciones locales y ambientales

El Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana, ha entregado en las Cortes autonómicas el informe anual correspondiente al ejercicio de 2025, un período en el que la institución gestionó un total de 6.267 expedientes impulsados por los ciudadanos.
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Del conjunto de actuaciones tramitadas, 4.078 correspondieron a quejas múltiples vinculadas a 17 asuntos específicos de afectación colectiva. El desglose estadístico revela que el grueso de las reclamaciones se concentró en la provincia de León, con 524 casos, seguida por Valladolid con 339 y Burgos con 219 expedientes. En el extremo opuesto, Soria fue el territorio que registró una menor actividad con 77 quejas computadas. El origen de las incidencias restantes se reparte entre otras provincias de la comunidad, zonas desconocidas y el extranjero.

Las administraciones locales aglutinaron la mayor parte de las reclamaciones ciudadanas, acumulando el 53,94% de las quejas frente al 34,95% de la administración autonómica. Dentro del ámbito local, los ayuntamientos concentraron el 89,92% de las incidencias, muy por delante de las diputaciones provinciales y las entidades locales menores. En lo que respecta a las consejerías de la Junta de Castilla y León, el departamento de Sanidad recibió el mayor volumen de quejas con 259 expedientes, seguido de Educación con 148 y Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio con 97.

Durante el ejercicio, la institución dictó 1.333 resoluciones definitivas. De esta cifra, 230 carpetas se archivaron al no detectarse irregularidades en el funcionamiento administrativo, mientras que en 1.103 casos se emitieron recomendaciones o recordatorios de deberes legales a las entidades afectadas. Las administraciones públicas mostraron un índice de aceptación de estas resoluciones del 84,39% a fecha del cierre de los datos.

Paralelamente, la Procuraduría inició 143 actuaciones de oficio distribuidas en diez áreas temáticas, entre las que destacaron los expedientes referidos a los servicios de abastecimiento de agua potable y los planes de prevención y extinción de incendios forestales. Los canales digitales se consolidaron como la vía preferente de comunicación de los ciudadanos con la sede, sumando 1.166 quejas a través de la web institucional y el correo electrónico, en contraste con las 186 solicitudes que todavía se recibieron por medio de correo postal

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