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Una red criminal organizada dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual ha sido desarticulada tras una investigación penal. El dispositivo de seguridad se ha saldado con la detención de once integrantes del entramado y la liberación de dos mujeres que permanecían retenidas. Las víctimas, de origen latinoamericano, eran captadas en territorio nacional mediante falsas promesas de empleo para luego ser trasladadas de forma continua por diferentes provincias.
La fase operativa del despliegue se ejecutó el pasado mes de mayo de 2026. Las detenciones de los sospechosos se materializaron de manera simultánea en las provincias de Valladolid, donde se tasaron seis arrestos, Madrid con dos, Palencia con otros dos y Salamanca con uno. De forma paralela, las autoridades judiciales autorizaron la práctica de cuatro entradas y registros en inmuebles de Valladolid, Salamanca y Palencia. En estos locales se incautaron armas blancas, sustancias estupefacientes como speed, fármacos para la disfunción eréctil sin receta y cerca de 7.000 euros en efectivo.
La organización criminal, de origen mayoritariamente dominicano, poseía una estructura jerárquica con un reparto de tareas definido. El grupo disponía de captadores que localizaban a mujeres vulnerables con cargas familiares y problemas económicos. Una vez trasladadas a los locales de alterne situados en Palencia, Salamanca y Valladolid, las víctimas eran obligadas a ejercer la prostitución bajo un estricto control. Los encargados rotaban entre los locales y movían a las mujeres continuamente de provincia para entorpecer los controles policiales.
Las condiciones impuestas en el interior de los establecimientos obligaban a las víctimas a cumplir jornadas laborales en sala desde las 16:00 horas hasta las 05:00 de la madrugada. Los inmuebles permanecían cerrados con llave durante el día, prohibiendo a las mujeres salir en sus jornadas de descanso. Además de percibir menos del 50% de los beneficios, las estancias presentaban graves deficiencias de salubridad y suciedad, detectándose la presencia de insectos y trampas para roedores. En los registros se halló un manual instructivo que regulaba el funcionamiento de los locales, exigiendo la entrega de las llaves de los dormitorios y el pago previo por cada servicio.
A los once arrestados se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, trata de seres humanos, detención ilegal, contra los derechos de los trabajadores y los ciudadanos extranjeros, y contra la salud pública. Las investigaciones técnicas siguen abiertas y no se descartan nuevas detenciones de implicados. Las inspecciones generales desarrolladas en estos establecimientos desde el año 2021 han permitido identificar a más de un centenar de mujeres en labores de alterne, de las cuales el 75% carecía de regularización documental en el país.
