Retrasos en el pago de las ayudas provinciales para la modernización de polígonos industriales

El impago del último tramo de las ayudas para la modernización de polígonos industriales de titularidad municipal afecta a un total de 32 municipios. Estas subvenciones corresponden a las convocatorias aprobadas en los plenos ordinarios de finales de 2021 y 2022, las cuales sumaban una dotación económica conjunta de 5 millones de euros. El retraso en la liquidación definitiva de los fondos obliga a los ayuntamientos afectados a adelantar los recursos económicos necesarios para cubrir la totalidad de las obras ejecutadas.

De acuerdo con las bases reguladoras de la subvención, el procedimiento administrativo contemplaba un anticipo inicial equivalente al 90% del importe total concedido. Este porcentaje inicial se abonó de forma efectiva a los municipios beneficiarios entre los años 2022 y 2023. Sin embargo, el abono del 10% restante acumula un retraso de tres años desde la resolución técnica y concesión formal de las partidas financieras destinadas al suelo industrial.

La línea de financiación pública se estructuró originalmente en dos fases temporales diferenciadas. La primera convocatoria, tramitada en el año 2021, contó con un presupuesto de 2 millones de euros. Al año siguiente, el programa institucional se reforzó mediante una segunda dotación económica de 3 millones de euros. La distribución de los fondos asignados por la administración provincial entre los 32 ayuntamientos oscilaba de manera individualizada en horquillas que iban desde un mínimo de 75.000 euros hasta un máximo de 200.000 euros por proyecto.

El retraso en el cierre contable de estas subvenciones de carácter rutinario afecta directamente a la gestión presupuestaria de las corporaciones locales. Al no recibir la liquidación final estipulada en los convenios de modernización, las entidades municipales deben asumir de forma subsidiaria la carga financiera de unos fondos que fueron comprometidos formalmente por la institución provincial hace un lustro para optimizar las infraestructuras productivas de los ayuntamientos.