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La resolución judicial coincide con el levantamiento del secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones y el desarrollo de registros simultáneos en cuatro ubicaciones diferentes. Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional han entrado en el despacho profesional del expresidente, situado en la calle Ferraz de Madrid, así como en las sedes de tres compañías mercantiles, incluyendo una sociedad administrada por las hijas de Rodríguez Zapatero. El objetivo de las inspecciones es la localización de soporte documental y archivos informáticos que aclaren la intermediación en contratos públicos.
La causa principal se centra en determinar si existió un uso ilícito de los fondos públicos procedentes del rescate financiero de 53 millones de euros concedido a la aerolínea Plus Ultra durante el año 2020. La querella de la Fiscalía Anticorrupción sostiene que la compañía aérea incurrió en un uso indebido de las ayudas estatales al desviar presuntamente una parte del capital para operaciones de blanqueo de fondos de procedencia ilícita vinculados a Venezuela.
Las pesquisas judiciales rastrean la relación del expresidente con la consultora Análisis Relevante, propiedad del empresario Julio Martínez Martínez, quien ejerció como mediador para resolver los problemas operativos de la citada compañía de aviación en territorio venezolano. Rodríguez Zapatero percibió una retribución bruta de 70.000 euros anuales de dicha consultora entre los años 2020 y 2025, unos pagos que el propio investigado encuadró dentro de los precios ordinarios de mercado durante una comparecencia parlamentaria celebrada el pasado mes de marzo en el Senado.
En esa misma intervención en sede parlamentaria, el exjefe del Ejecutivo reconoció mantener una relación de amistad con Martínez y saber de sus vínculos comerciales con la aerolínea, aunque negó haber trabajado de forma directa para Plus Ultra, haber cobrado comisiones o haber intervenido ante la administración para la concesión del rescate. Los contratos bajo sospecha incluyen también las prestaciones de servicios de marketing que la empresa de Julio Martínez subcontrató con la firma de las hijas del expresidente, quienes presenciaron el registro de sus oficinas acompañadas por su representación legal.
