RML
La aprobación de la Orden HAC/484/2026 establece una serie de minoraciones en el sistema de estimación objetiva de la declaración de la renta para mitigar las pérdidas originadas por la climatología adversa del pasado año. Sin embargo, la aparición de la normativa con el calendario fiscal avanzado y en plena gestión de la solicitud única de la PAC incide de forma directa en las tramitaciones, obligando a los profesionales del campo a presentar declaraciones rectificativas o complementarias para poder acogerse a los beneficios.
La normativa estipula reducciones de carácter general aplicables en todo el territorio nacional para tres actividades ganaderas específicas. De este modo, el índice para la apicultura queda fijado en el 0.13, mientras que el ovino y caprino de leche se establece en el 0.18, y el ovino y caprino de carne se sitúa en el 0.09. A estos coeficientes se añaden rebajas particulares por cultivos y términos municipales en comunidades como Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Aragón y la Comunidad Valenciana, afectando a producciones de viñedo, olivar, almendra, cítricos, arroz y cereales.
El sector técnico constata que el texto deja fuera producciones e infraestructuras agrarias que experimentaron pérdidas severas durante 2025. Destacan los daños crónicos derivados de la DANA en Andalucía y el levante español, cuyos efectos negativos sobre las cosechas no quedan cubiertos por el decreto actual. En el caso del cereal, los productores consideran que la presión de los costes en energía y fertilizantes requería la aplicación de un módulo cero para garantizar la viabilidad de las explotaciones.
La resolución mantiene vigentes deducciones estructurales de ejercicios previos, como el coeficiente corrector por electricidad en regadíos, la exención fiscal sobre el cobro de los ecorregímenes de la PAC y las bonificaciones por la adquisición de piensos a terceros. Los profesionales demandan modificaciones de cara a futuros periodos fiscales, exigiendo que estas publicaciones se realicen antes del inicio de la campaña de la Renta para dotar de seguridad jurídica al tejido productivo rural.
