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La actividad delictiva que se juzgará se desarrolló de manera sistemática entre los años 2023 y 2024. Según los términos de la acusación, los implicados formaban un grupo organizado que centraba su actuación en establecimientos de lavandería de autoservicio. Su radio de acción abarcó múltiples localidades de la provincia de León, como Boñar, La Bañeza y Veguellina de Órbigo, extendiéndose además hacia las provincias gallegas de Lugo y A Coruña. El arresto de los sospechosos fue ejecutado por efectivos de la Policía Judicial de Ponferrada tras una investigación sobre el incremento de asaltos en este tipo de negocios.
El escrito de calificación detalla un total de 26 robos con fuerza. El "modus operandi" consistía habitualmente en forzar los cajetines de recaudación de las máquinas para extraer el dinero en efectivo acumulado. Durante la vista oral, el fiscal sostendrá la concurrencia de circunstancias agravantes que elevan la cuantía de las penas solicitadas. En concreto, se imputa a los acusados el uso de disfraz para evitar ser identificados por los sistemas de videovigilancia, así como los agravantes de reincidencia y multirreincidencia, dado que varios de los integrantes de la banda cuentan con antecedentes penales por delitos de naturaleza similar.
En el apartado de responsabilidad civil, se reclama una indemnización conjunta que supera los 28.000 euros. Esta cantidad está destinada a resarcir tanto el dinero sustraído de las cajas como los daños materiales causados en el mobiliario y la maquinaria de los locales asaltados, que en muchos casos sufrieron desperfectos técnicos de consideración.
El juicio, estructurado en tres jornadas, analizará las pruebas recopiladas durante la fase de instrucción para determinar el grado de participación de cada uno de los seis encausados. La vista se celebrará en la Audiencia Provincial, donde comparecerán los afectados de las distintas provincias para dar cuenta de las pérdidas sufridas durante la oleada de robos. La resolución del caso marcará el cierre de un procedimiento judicial que ha seguido de cerca la actividad de una red responsable de generar inseguridad en el sector de las lavanderías automáticas de todo el noroeste peninsular.
