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El sector arrocero español afronta una etapa crítica de negociaciones en las instituciones europeas para modificar las condiciones de importación de grano de terceros países. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), en coordinación con ASAJA y el Copa-Cogeca, mantiene contactos con europarlamentarios españoles de diversas formaciones políticas para conseguir una mayoría absoluta en el pleno del Parlamento Europeo. El objetivo central es endurecer los mecanismos de protección automática frente a las compras externas, especialmente aquellas procedentes de Camboya y Myanmar.
La actual propuesta de la Comisión Europea sitúa el umbral de activación de las cláusulas de salvaguardia en 570.000 toneladas. Esta cifra se enmarca en la revisión del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). Los productores consideran que este volumen es excesivo y reclaman que la tasa de aumento incluida en el umbral se rebaje del 45% al 20%. Según los datos técnicos del sector, la entrada de arroz asiático alcanzó niveles récord en 2025, lo que provocó una saturación del mercado comunitario y un descenso del 25% en los precios en origen.
La situación actual ha generado un volumen de existencias en los almacenes que no encuentra salida comercial. Esta coyuntura compromete la viabilidad de la próxima campaña, hasta el punto de que diversos cultivadores europeos cuestionan la rentabilidad de la siembra para el siguiente ejercicio. Representantes de la industria y agricultores coinciden en que los efectos negativos en el mercado comienzan a ser perceptibles a partir de las 200.000 toneladas de importación. Por ello, cualquier límite que supere esa cantidad se percibe como insuficiente para garantizar la estabilidad del sector.
Además de la cláusula automática, la delegación española busca apoyos para otras medidas regulatorias. Entre ellas destaca la propuesta del Consejo AGRIFISH para agilizar la activación de salvaguardias y el avance en el etiquetado obligatorio por país de origen. En los encuentros con las Direcciones Generales de Agricultura y de Salud y Seguridad Alimentaria también se abordan cuestiones relativas al tratado comercial con Mercosur, la gestión de plagas y el cumplimiento de los estándares de residuos por parte de países terceros. La votación del próximo 28 de abril determinará si el nuevo reglamento asume estas peticiones de reducción de umbrales o mantiene las cifras propuestas inicialmente por la Comisión.
