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La movilización partirá a las 12:00 horas desde la avenida Ordoño II, a la altura de la plaza de Guzmán, y recorrerá el centro de la ciudad hasta la Plaza Mayor, donde se procederá a la lectura de un manifiesto. Esta quinta edición del Caminu la Llibertá vincula la histórica reivindicación autonómica con la oposición a diversos proyectos industriales y energéticos que, a juicio de los convocantes, comprometen la integridad del territorio leonés.
Los organizadores sostienen que la provincia está siendo utilizada como un espacio de explotación para proyectos de interés regional que no revierten en beneficio de los habitantes locales. Entre las iniciativas señaladas se encuentran la instalación de parques eólicos y solares en entornos de alto valor ambiental, así como la proliferación de macrogranjas y plantas de biogás. La crítica se dirige específicamente hacia la gestión de la Junta de Castilla y León, a la que acusan de impulsar estas infraestructuras mediante figuras administrativas que agilizan trámites en perjuicio de la autonomía municipal y el control del territorio.
El enfoque de la jornada de este año se amplía para incluir demandas históricas en materia de infraestructuras de comunicación y logística. En este sentido, se ha realizado un llamamiento a plataformas sociales que defienden el desarrollo del ferrocarril, solicitando la mejora del servicio de Feve y su efectiva integración en el centro de la capital. Del mismo modo, la marcha servirá para exigir la reapertura de la Vía de la Plata y la dinamización del Corredor Atlántico como ejes fundamentales para frenar la despoblación y el aislamiento económico.
El desarrollo de nodos logísticos clave también forma parte del núcleo de la convocatoria. Los colectivos sociales insisten en la necesidad de desbloquear proyectos como el complejo de Torneros y potenciar los puertos secos en León y Ponferrada, junto a las plataformas de transporte previstas en Astorga y La Bañeza. Con esta estrategia, Conceyu País Llionés y Xuntanza Llionesista buscan aglutinar el descontento social frente a lo que consideran un expolio de recursos y una falta de inversión estructural que lastra el futuro de la provincia dentro del actual marco autonómico.
