El margen de mejora económica para los pequeños ayuntamientos radica en la aplicación de los tipos impositivos máximos permitidos por la normativa vigente. Actualmente, la mayoría de estas administraciones locales utiliza de forma sistemática la banda baja de los impuestos, una práctica heredada para atraer actividad económica que limita el retorno real de los proyectos en el territorio. Sin necesidad de crear nuevos instrumentos legales o fórmulas extraordinarias, los micropueblos pueden transformar las plantas de energía en una fuente de ingresos estable para financiar servicios e infraestructuras locales.
Para una planta fotovoltaica de 10 megavatios de potencia, los ingresos recurrentes anuales pueden pasar de 35.500 euros, en un escenario de fiscalidad mínima, a aproximadamente 254.300 euros si se aplican los techos legales. A lo largo de la vida útil de una instalación de este tipo, la diferencia de recaudación para las arcas municipales puede superar los seis millones de euros adicionales. Este incremento se basa en la gestión correcta de figuras impositivas como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), el IBI específico para grandes instalaciones, el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) y las tasas por el aprovechamiento del dominio público.
El objetivo de optimizar esta fiscalidad es garantizar una justicia territorial donde los municipios que asumen estas infraestructuras obtengan un beneficio que refuerce su viabilidad social y demográfica. El aprovechamiento de estos márgenes permite resolver déficits estructurales históricos en zonas rurales que, tradicionalmente, han infrautilizado las herramientas tributarias a su disposición.
Establecer reglas claras y previsibles desde el inicio de los proyectos beneficia también al sector promotor, al dotar de mayor seguridad jurídica a las inversiones. La transición energética se plantea así como una oportunidad de desarrollo económico directo y medible para los pueblos pequeños, siempre que estos se preparen con antelación utilizando una hoja de ruta fiscal transparente y estable. La legislación permite estos ajustes sin recurrir a medidas de excepción, situando la responsabilidad en la gestión técnica de los ayuntamientos.
