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La Junta de Castilla y León ha implementado una nueva regulación temporal que limita el tránsito de personas en áreas críticas del hábitat del urogallo cantábrico, una especie catalogada en peligro de extinción. Esta restricción de acceso, que se mantendrá vigente diariamente desde las 23:00 hasta las 09:00 horas, se extenderá hasta el próximo 31 de mayo. El objetivo principal es minimizar las perturbaciones humanas durante la época de celo de estas aves, un periodo fundamental para su supervivencia y reproducción.
Durante estas semanas, los urogallos se concentran en enclaves específicos del Alto Sil y áreas aledañas que reúnen las condiciones de hábitat necesarias. Estos lugares, conocidos como cantaderos, son el escenario de los rituales de cortejo. Los machos suelen llegar a estos puntos al atardecer para pasar la noche, y con las primeras luces del día inician sus característicos cantos para atraer a las hembras. La presencia humana o cualquier molestia en este entorno sensible puede provocar el abandono de los cantaderos por parte de los ejemplares, comprometiendo seriamente el éxito reproductivo de la temporada.
La regulación afecta a montes de utilidad pública y a un monte particular definidos dentro de los planes de recuperación de la especie en los términos municipales de Villablino, Palacios del Sil y Murias de Paredes. En concreto, las zonas bajo restricción se encuentran dentro de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la zona. Se ha desplegado un operativo de vigilancia compuesto por agentes y celadores medioambientales, así como patrullas especializadas en oso y urogallo, para velar por el cumplimiento de la norma. Asimismo, se han instalado señales informativas en los puntos de acceso clave.
El incumplimiento de estas limitaciones está tipificado como infracción grave, con sanciones económicas que oscilan entre los 5.001 y los 200.000 euros, dependiendo de la gravedad de la perturbación causada. Cabe destacar que la restricción va dirigida a visitantes y público en general. Los propietarios de los terrenos, titulares de derechos de uso, vecinos que participen en aprovechamientos tradicionales autorizados, personal de mantenimiento de servicios públicos y agentes de vigilancia mantienen su libre acceso para el desempeño de sus actividades permitidas.
