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El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado la orden que regula las convocatorias para el ejercicio 2026. Los interesados en obtener la habilitación necesaria para la práctica cinegética disponen de dos fechas oficiales. La primera ventana de solicitud se extiende desde mañana hasta el lunes 11 de mayo, mientras que el plazo para la segunda convocatoria comenzará el 12 de mayo y permanecerá abierto hasta el 7 de septiembre.
La participación en el proceso requiere el abono de una tasa administrativa de 55,55 euros a través del modelo 046. El pago único de esta cantidad otorga al aspirante el derecho a concurrir a las dos citas programadas para el año actual en caso de no superar la primera o no poder asistir. Las solicitudes deben tramitarse de forma electrónica o dirigida al Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la provincia donde se pretenda realizar el ejercicio. En el caso de menores de edad no emancipados, es obligatorio adjuntar una autorización escrita de los progenitores o tutores legales.
El sistema de evaluación mantiene el formato de cuestionario con 20 preguntas de respuesta múltiple. Para superar la prueba y obtener la calificación de apto, los candidatos deben lograr una puntuación mínima de 10 puntos sobre un máximo de 20. El examen incluye obligatoriamente al menos dos preguntas de identificación visual mediante fotografías, donde el alumno deberá distinguir correctamente entre especies cinegéticas y especies protegidas para demostrar sus conocimientos sobre la fauna local.
El temario oficial y las guías de apoyo para la preparación de la prueba están disponibles de manera pública en el portal web institucional de la administración autonómica. Este material incluye una recopilación de preguntas tipo test y fichas fotográficas que sirven de base para la elaboración de los exámenes oficiales. La superación de este proceso es el requisito previo indispensable para la tramitación de la licencia de caza en el territorio de Castilla y León, asegurando que los practicantes conocen la normativa vigente y los límites de seguridad y protección ambiental necesarios para el desarrollo de la actividad.
