RML
La liquidación presupuestaria de la Diputación de León correspondiente al ejercicio 2025 ha generado un enfrentamiento directo entre el Partido Popular y el equipo de gobierno de PSOE y UPL por la interpretación de los fondos no ejecutados. Los datos oficiales confirman que la institución provincial cerró el año con un excedente de liquidez de 213,9 millones de euros en su remanente de tesorería para gastos generales. Esta cantidad equivale a la suma de los presupuestos anuales de los ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo y Villaquilambre.
El Partido Popular denuncia que este saldo acumulado en caja es el resultado de una incapacidad de gestión que impide que el dinero llegue a los pueblos. Según su análisis de la Comisión de Hacienda, el pasado año se dejaron sin ejecutar 59 millones de euros en inversiones reales, lo que supone que solo se gastó uno de cada cuatro millones presupuestados originalmente para este fin. Además, la liquidación arroja un superávit de 30,8 millones de euros, superando el presupuesto anual conjunto de municipios como Astorga, La Bañeza y Valencia de Don Juan.
Por su parte, el equipo de gobierno rechaza estas críticas y defiende que la actividad presupuestaria alcanzó niveles récord. El diputado de Hacienda, Santiago Dorado, sostiene que el gasto autorizado total ascendió a 392,9 millones de euros, lo que representa el 85% del presupuesto final tras incorporar los remanentes de años anteriores. Desde esta perspectiva, el dinero que no está comprometido se limita a 87,9 millones de euros, mientras que los 126 millones restantes corresponden a obligaciones ya contraídas que siguen su tramitación administrativa.
En cuanto a las inversiones específicas de 2025, el gobierno provincial cifra el gasto autorizado en 56,6 millones de los 80,3 millones totales previstos, situando el porcentaje de actuación en el 70,5%. No obstante, el Partido Popular incide en que gran parte del excedente incluye fondos del Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS) aprobado en abril de 2025, de los cuales todavía no se habrían aprobado proyectos durante el presente año, dificultando su ejecución por parte de los ayuntamientos.
