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El fraude se materializó hace varios meses cuando el responsable de la explotación agrícola localizó el tractor en una supuesta tienda online extranjera. El precio del vehículo superaba los 100.000 euros. Para dar credibilidad a la operación, el supuesto vendedor facilitó diverso material gráfico de alta calidad: imágenes desde diferentes ángulos e incluso vídeos en los que se observaba al tractor aparentemente cargado sobre una góndola de transporte. Confiando en estas evidencias visuales, el comprador procedió a realizar el pago del importe total mediante una transferencia bancaria, creyendo que el envío estaba en marcha.
Los problemas surgieron con el paso de los días. Ante la demora en la entrega, el vendedor comenzó a utilizar sucesivas excusas para justificar el retraso, prolongando la situación deliberadamente. Finalmente, el responsable de la empresa agrícola decidió revisar minuciosamente el material audiovisual suministrado. Al analizarlas con detalle, detectó incoherencias y detalles técnicos que le permitieron concluir que tanto las fotografías como los vídeos habían sido generados mediante herramientas de inteligencia artificial y que, por tanto, el tractor nunca había existido en las condiciones ofrecidas.
El Incibe ha intervenido para prestar asesoramiento técnico a la empresa afectada tras confirmarse el engaño. Como primera medida, se ha recomendado la recopilación exhaustiva de todas las evidencias: correos electrónicos, mensajes, facturas, justificantes de pago y cualquier tipo de comunicación mantenida con el vendedor fraudulento. Con todo este material, el usuario debe interponer una denuncia formal ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ya sea de forma presencial o telemática.
En el plano financiero, el Incibe aconseja notificar inmediatamente a la entidad bancaria desde la que se realizó la transferencia fraudulenta para intentar bloquearla, además de presentar una reclamación formal aportando la denuncia. En caso de no lograr la recuperación del capital por la vía bancaria, el siguiente paso indicado es iniciar una reclamación judicial mediante demanda civil o penal para depurar responsabilidades y tratar de resarcir el daño económico sufrido por la empresa agrícola.
