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La Comisión Europea ha formalizado este miércoles la denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no haber incorporado a su ordenamiento jurídico la directiva sobre el régimen especial del IVA para pequeñas y medianas empresas. España es el único Estado miembro que no ha notificado las medidas de transposición de esta norma, cuyo plazo de aplicación obligatoria comenzó el 1 de enero de 2025. Ante este incumplimiento, el Ejecutivo comunitario ha solicitado la imposición de sanciones pecuniarias contra el Estado español.
La directiva en cuestión tiene como objetivo reducir las cargas administrativas y los costes de cumplimiento fiscal para los trabajadores autónomos y las pymes. El núcleo de la normativa establece un sistema de "franquicia del IVA" que permite a los negocios con un volumen de negocios anual inferior a los 85.000 euros quedar exentos de declarar y liquidar este impuesto. Este régimen busca modernizar la fiscalidad europea y garantizar que las pequeñas empresas puedan competir en igualdad de condiciones dentro del mercado interior, independientemente del país donde operen.
La ausencia de esta regulación en la legislación española genera, según la Comisión, distorsiones en la competencia transfronteriza. La normativa europea no solo contempla la exención en el ámbito nacional, sino que obliga a los Estados a reconocer la posibilidad de aplicar esta franquicia en operaciones realizadas entre distintos países de la Unión. Al no haber adaptado su normativa, España mantiene un sistema de gestión del IVA que resulta más gravoso y complejo para los pequeños contribuyentes en comparación con el resto de socios europeos.
El procedimiento de infracción se inició en enero de 2025 mediante el envío de cartas de emplazamiento a las autoridades españolas. Tras un año de intercambios sin que se produjera la notificación de las leyes nacionales correspondientes, Bruselas ha optado por la vía judicial. Organizaciones del sector han señalado que esta demora afecta a más de un millón de trabajadores por cuenta propia en España, quienes podrían haber visto simplificada su facturación y gestión tributaria diaria desde principios de año.
Por el momento, el Gobierno español no ha especificado una fecha concreta para la aprobación definitiva de los cambios legislativos necesarios. La resolución del Tribunal de Justicia determinará la cuantía de las multas acumuladas por el retraso en la adopción de estas disposiciones comunitarias.
