RML
El Procurador del Común ha emitido una resolución en la que insta al Ayuntamiento de Ponferrada a ejecutar de forma inmediata la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de las tasas del mercadillo municipal. El requerimiento exige el cumplimiento del acuerdo adoptado por el Pleno el 19 de junio de 2025, por el cual se aprobó sustituir el actual sistema de cobro basado en metros cuadrados por uno de metros lineales para los puestos de los miércoles y sábados.
La decisión de la institución subraya que los acuerdos válidamente adoptados por el máximo órgano de representación municipal son de obligado cumplimiento. En este sentido, el texto señala que la alcaldía no dispone de margen para evaluar la oportunidad o conveniencia de una medida ya aprobada por la corporación. La falta de tramitación del expediente durante más de un año se considera una inactividad administrativa que contraviene los principios de legalidad, eficacia y seguridad jurídica.
El conflicto normativo tiene su origen en una discrepancia entre la normativa escrita y la práctica administrativa habitual. Aunque la ordenanza vigente establece el metro cuadrado como unidad de medida para el cálculo de las tasas, el consistorio liquida los recibos basándose en metros lineales desde el año 2002. Esta situación de hecho, mantenida durante más de veinte años, genera una incertidumbre jurídica para los vendedores ambulantes que el Procurador del Común insta a resolver "a la mayor brevedad posible".
La resolución técnica enfatiza que la actual gestión de las tasas constituye una anomalía que debe subsanarse mediante la vía reglamentaria. La unificación de criterios entre la norma y la práctica real de cobro es la única vía para garantizar que los contribuyentes del mercadillo operen bajo un marco legal estable y predecible.
Con esta resolución, el Ayuntamiento queda compelido a iniciar los trámites administrativos para la actualización de la ordenanza, eliminando la ambigüedad que ha caracterizado la gestión de los mercados semanales en las últimas dos décadas. El proceso administrativo deberá seguir ahora los cauces de exposición pública y aprobación definitiva para dar cumplimiento efectivo a lo dictaminado por la institución y a la voluntad expresada por el Pleno municipal.
