Izquierda Unida exige la dimisión de Emilio Orejas tras la sentencia sobre el padrón de Valdelugueros

La exigencia de dimisión se produce a raíz de una resolución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León. La sentencia acredita que el padrón municipal de Valdelugueros estaba inflado artificialmente, validando las denuncias que señalaban la existencia de irregularidades estructurales en la gestión del censo. El fallo judicial obliga ahora a la administración local a ajustar sus registros oficiales a la realidad demográfica del municipio. 

Las pruebas presentadas en sede judicial revelaron una desproporción significativa entre el número de vecinos censados y las tarjetas sanitarias registradas en la localidad. Entre las prácticas detectadas figuran empadronamientos en viviendas vinculadas directamente al entorno del alcalde, así como inscripciones de personas que reconocieron haber realizado el trámite únicamente para obtener beneficios relacionados con la actividad de la caza.

La gestión municipal ha sido cuestionada por haber ignorado indicios evidentes de fraude y por obstaculizar la labor de control de la oposición, impidiéndoles el acceso a la información necesaria para fiscalizar el censo. La resolución judicial confirma que el Ayuntamiento actuó de forma ilegal al negarse a revisar de oficio las inscripciones cuando se presentaron las primeras advertencias.

Para Izquierda Unida, la continuidad de Emilio Orejas al frente de la Alcaldía y en su puesto de la Diputación de León resulta insostenible. La formación sostiene que el uso de criterios partidistas en la gestión de las instituciones municipales pone en duda la limpieza de los procesos electorales y afecta directamente a la legitimidad democrática del consistorio. 

El caso de Valdelugueros no se presenta como un incidente aislado, dado que ya existían resoluciones judiciales previas relacionadas con el padrón en este mismo municipio. Esta reiteración de faltas administrativas y el hecho de que haya sido la justicia quien deba enmendar la actuación del alcalde sitúan la responsabilidad política como una medida ineludible por dignidad pública.