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El estado de las obras de peatonalización ejecutadas en las calles Alfonso V, Gil y Carrasco, Ramiro Valbuena y la prolongación de Padre Isla presenta deterioros considerables apenas unos meses después de su finalización. Estas actuaciones, adjudicadas en agosto de 2022 y financiadas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos de la Unión Europea, tenían como objetivo la implantación de zonas de bajas emisiones. Sin embargo, el resultado actual muestra un número elevado de baldosas sueltas que se mueven al paso de los vehículos y piezas colocadas de forma irregular que generan desniveles de varios centímetros.
Las irregularidades detectadas en el pavimento no solo suponen un problema estético o de acabado de obra, sino que constituyen un riesgo directo para la seguridad vial. Los desniveles y los bordillos imprevistos aumentan la probabilidad de caídas entre los peatones, con especial peligro para las personas mayores o aquellas que presentan movilidad reducida. Esta situación ha sido calificada como una ejecución deficiente por parte de la oposición municipal, que critica que las obras hayan presentado fallos tan pronto tras un largo periodo de trabajos.
Ante la falta de actuación del equipo de gobierno, se ha solicitado formalmente que se acredite la conformidad técnica que se dio a la obra en su momento. Al tratarse de proyectos financiados con fondos europeos, la normativa exige un rigor estricto en el control de calidad y la ejecución. En este sentido, el pliego de condiciones de la adjudicación incluye una cláusula de garantía de dos años y una fianza definitiva equivalente al 5% del presupuesto de licitación para cubrir posibles fallos de construcción.
La reclamación exige que el Ayuntamiento obligue a las empresas contratistas a acometer las reparaciones necesarias de forma gratuita bajo el amparo de dicha garantía. En caso de que las empresas no respondan a esta exigencia, la propuesta plantea que el consistorio ejecute las obras de subsanación de manera subsidiaria utilizando los importes de las garantías prestadas por las adjudicatarias. El objetivo final es garantizar que el espacio público cumpla con los estándares de seguridad y accesibilidad previstos en el proyecto original.
