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Los hechos se remontan a la tarde de ese 15 de enero. El residente, en un estado de agitación y con un deterioro cognitivo severo, fue dejado solo sin medidas de seguridad adecuadas para su perfil asistencial. La ventana desde la que salió no estaba bloqueada, lo que permitió que accediera al exterior y se produjera la caída desde la quinta planta. En el entorno del suceso hubo testigos que descartaron que se tratara de un suicidio.
El procedimiento penal se inició tras el fallecimiento, pero la instrucción concluyó con un archivo sin que se practicaran diligencias consideradas relevantes por la familia. Entre las actuaciones que no llegaron a realizarse figuraban la toma de declaración a trabajadores implicados y el análisis de grabaciones de seguridad, que no se incorporaron al proceso. Con posterioridad, el asunto llegó a la Audiencia Provincial, donde se reabrió de forma parcial, aunque la vía penal terminó cerrándose sin depuración de responsabilidades.
La resolución ahora firme sí establece la responsabilidad civil de la residencia en relación con el fallecimiento. La familia interpreta el fallo como un reconocimiento judicial de lo ocurrido y lo vincula a la necesidad de reforzar garantías en la atención a personas con deterioro cognitivo. Marcos Fernández, hijo del fallecido, ha señalado que la sentencia no compensa la pérdida, pero entiende que fija una responsabilidad y puede contribuir a que situaciones similares no se repitan.
A partir de este caso, la familia ha lanzado un llamamiento a las administraciones competentes para aumentar los controles y la supervisión sobre los centros residenciales. El foco se sitúa en el cumplimiento de protocolos, la seguridad física de las instalaciones y la rendición de cuentas cuando se atiende a personas con necesidades de vigilancia especial. La petición se dirige, de forma específica, a residencias que trabajan con perfiles de alta vulnerabilidad, como los pacientes con deterioro cognitivo severo.
