
CCOO lanza una campaña en vídeo para exigir el fin del peaje del Huerna en la AP-66
RML
La campaña se articula en torno a un vídeo ambientado en la Edad de Piedra, una metáfora con la que el sindicato describe el efecto que el peaje tiene sobre los territorios del noroeste. El montaje incluye una representación de la empresa concesionaria mediante los "aucalsarios", con un papel vinculado al cobro del peaje, y plantea el pago como un obstáculo permanente para la movilidad cotidiana y el desarrollo económico.
En la presentación, los secretarios generales de CCOO en León y Asturias, Elena Blasco y José Manuel Zapico, han pedido al Ejecutivo central que actúe para eliminar la barrera económica que, en su planteamiento, mantiene aisladas a ambas comunidades. La central sindical reclama que se "remuevan todos los obstáculos" para terminar con un pago que califica de "ilegal, injusto, inmoral y abusivo", y vincula esa exigencia a la prórroga del peaje hasta 2050.
El sindicato sostiene que la Unión Europea ya se pronunció sobre la prórroga del peaje y ha señalado una estimación de 1.600 millones de euros de beneficio para la concesionaria durante el periodo de vigencia. En ese contexto, CCOO sitúa el peaje como un agravio territorial y como un freno a la actividad económica, al tratarse de una infraestructura utilizada a diario por miles de vehículos.
La organización cifra en unos 12.000 los vehículos que circulan cada día por la autopista en el tramo afectado por el peaje. Además, Blasco ha ampliado la reivindicación a otra vía de pago en la provincia, la autopista León-Astorga, para la que también solicita la eliminación del peaje. En ese caso, ha señalado un uso diario aproximado de 5.000 vehículos y lo ha vinculado a la actividad laboral y al crecimiento del polígono industrial de Villadangos.
CCOO plantea que el debate se extienda a la gestión de infraestructuras públicas y al límite de las concesiones. Zapico ha recordado que el Gobierno del Principado ha solicitado la revisión de oficio del expediente de prórroga y ha apuntado a la posibilidad de que el asunto termine en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un escenario que, a su juicio, puede demorarse mientras se reclama una respuesta inmediata.


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