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La futura agencia tendrá funciones en ámbitos como la vigilancia en salud pública, la preparación y respuesta frente a posibles crisis, el asesoramiento y la evaluación, la salud pública internacional y la información y comunicación de riesgos para la salud. Su implantación se encuadra en la política estatal de descentralización de sedes, que permite a comunidades autónomas y entidades locales proponer localidades para acoger organismos del sector público institucional.
En el caso de León, la candidatura ha sido impulsada directamente por el Ayuntamiento. El resto de propuestas han seguido vías diversas. Toledo ha sido presentada por la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha. Granada ha contado con el respaldo de las consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía. Zaragoza ha sido postulada por la Diputación General de Aragón. Murcia ha sido propuesta por la Consejería de Salud de la Región de Murcia. Barcelona ha sido auspiciada por su Ayuntamiento. Lugo también ha formalizado su candidatura a través del Concello. Oviedo ha sido presentada por la Consejería de Salud del Principado de Asturias.
El procedimiento entra ahora en una fase técnica con plazos ya definidos. El Ministerio de Sanidad elaborará un informe en un máximo de diez días a partir del cierre de candidaturas. Posteriormente, una Comisión Consultiva emitirá un dictamen que servirá de base para la decisión final.
Con esa documentación, la propuesta se elevará al Consejo de Ministros, que dispone de un plazo máximo hasta el 17 de febrero para resolver. La decisión se publicará en el Boletín Oficial del Estado el 18 de febrero. El calendario fija así un margen de algo menos de un mes entre el cierre de solicitudes y la comunicación oficial del resultado.
La competencia se desarrolla entre capitales y ciudades con perfiles distintos, con candidaturas promovidas tanto por gobiernos autonómicos como por administraciones locales. En el caso leonés, la postulación busca situar a la ciudad en un proceso de selección estatal que definirá la ubicación de un organismo con competencias técnicas y operativas en salud pública, en un momento en el que la planificación de respuestas ante emergencias y la vigilancia sanitaria se han reforzado como prioridades institucionales.
