León

El Reglamento europeo de plazos de pago es defendido por el Círculo Empresarial Leonés y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad

Las dos organizaciones rechazan la intención de la Comisión Europea de retirar la normativa en su programa de trabajo para 2027 y piden desbloquear la tramitación en el Consejo de la Unión Europea para proteger a las pymes y autónomos de León.
El CEL y la PMcM piden a Europa que no renuncie al Reglamento contra la Morosidad
El CEL y la PMcM piden a Europa que no renuncie al Reglamento contra la Morosidad

El Círculo Empresarial Leonés (CEL) y la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) han manifestado su oposición a la propuesta de la Comisión Europea de incluir el Reglamento contra la Morosidad en el listado de iniciativas legislativas previstas para su retirada dentro del Programa de Trabajo de 2027. La norma, que recibió el respaldo del Parlamento Europeo en abril de 2024, permanece paralizada desde entonces en el Consejo de la Unión Europea. La cancelación definitiva de este texto dejaría sin un marco regulatorio común en materia de plazos de cobro a cerca de 34 millones de compañías en toda Europa, integradas de forma mayoritaria por pequeñas empresas y trabajadores por cuenta propia.

El impacto de esta medida afecta directamente a la estructura económica de la provincia de León, un territorio que cuenta con 27.811 empresas activas y 34.451 trabajadores autónomos. En este tejido productivo predominan las pymes que dependen de la liquidez inmediata para abonar salarios, acometer inversiones y mantener su actividad operativa. Desde las organizaciones empresariales se advierte de que las pequeñas compañías carecen de capacidad real para rechazar plazos de pago abusivos impuestos por grandes clientes sin poner en riesgo su propia viabilidad comercial.

La petición de desbloqueo se produce en un contexto económico marcado por el deterioro de los periodos medios de cobro, el mantenimiento de tipos de interés elevados y la persistencia de la inflación. Los datos manejados en el ámbito comunitario vinculan los retrasos en los pagos con una de cada cuatro quiebras empresariales registradas en la Unión Europea. Además, las sociedades europeas destinan una media cercana a las diez horas semanales exclusivamente a gestionar y reclamar facturas vencidas, lo que supone una carga administrativa directa sobre su gestión diaria.

Frente a los argumentos de algunos estados miembros que cuestionan el reglamento por la posible creación de nuevos trámites burocráticos, el presidente del CEL, Julio César Álvarez, subraya que la verdadera carga administrativa para los pequeños negocios reside en las gestiones necesarias para cobrar sus trabajos. Por ello, ambas entidades instan a los gobiernos nacionales a intensificar las negociaciones en el seno del Consejo de la Unión Europea para aprobar una legislación que establezca reglas uniformes de pago, mecanismos efectivos de supervisión y un régimen sancionador aplicable en todo el espacio comunitario.

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