RML
La firma del decreto de disolución de las Cortes de Castilla y León y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 15 de marzo ha provocado la caducidad de nueve iniciativas legislativas que estaban en tramitación. Se trata de dos proyectos remitidos por la Junta y siete proposiciones de ley impulsadas por los grupos parlamentarios, que quedan sin efecto al aplicarse el cierre del mandato y la paralización de los procedimientos en curso.
Entre los textos promovidos por el Ejecutivo autonómico que decaen figura la ley de coordinación de policías locales de Castilla y León, cuyo plazo de enmiendas se cerró el 10 de septiembre. También queda interrumpida la tramitación de la ley de ordenación de los servicios de prevención y extinción de incendios en entidades locales, que admitió enmiendas hasta el 27 de junio.
En el bloque de proposiciones de ley, desaparece del calendario parlamentario la iniciativa sobre agentes medioambientales presentada por UPL-Soria Ya, además de otras propuestas registradas en años anteriores y que no llegaron a culminar el debate en ponencia y comisión. Entre ellas figuran dos textos registrados por PP y Vox cuando gobernaban en coalición, relativos al Servicio Público de Empleo y a una modificación de la ley del ruido, con plazos de enmiendas vencidos en diciembre de 2024 y junio de 2025.
Tampoco continúa la proposición de Soria Ya para aprobar una ley de medidas contra la despoblación, que recibió enmiendas hasta el 15 de mayo, sin que se iniciara el debate posterior. El Grupo Socialista ve igualmente caducar dos de sus propuestas: la ley de igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, con enmiendas presentadas hasta octubre, y una modificación técnica de la ley agraria de Castilla y León. A esas iniciativas se suma otra propuesta registrada por Vox sobre medidas temporales y urgentes para la protección del patrimonio agrario y paisajístico, con enmiendas hasta el 19 de diciembre.
Con la Cámara disuelta, la Diputación Permanente asume las funciones esenciales hasta la constitución de las nuevas Cortes, prevista dentro de los 30 días posteriores a las elecciones. Entre los asuntos inmediatos figura la convalidación del decreto-ley aprobado a finales de diciembre para aplicar el incremento de retribuciones de 2025 y 2026 a los empleados públicos, un trámite que deberá realizarse dentro del plazo legal para evitar su decaimiento y que se prevé para el 2 de febrero.
