El TSJCyL anula la tasa de residuos de León de 2024 por falta de motivación y proporcionalidad

La resolución afecta a la ordenanza aprobada por el pleno municipal el 28 de diciembre de 2023 y publicada para su aplicación en el ejercicio 2024. La sentencia estima el recurso interpuesto contra el texto fiscal y rechaza la alegación previa de pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento, por lo que entra a analizar el fondo de la cuestión.

En su argumentación, el tribunal detalla que los criterios utilizados para calcular la base imponible y para ajustar la cuota tributaria no se justifican de forma suficiente. En concreto, considera que existe una falta evidente de motivación y de proporcionalidad al mantenerse una cuota única de 38 euros para todas las viviendas, sin distinguir por metros cuadrados ni incorporar otros parámetros vinculados a la posible producción de residuos. La Sala subraya que el informe técnico no razona por qué se adopta esa cuota uniforme, pese a que la ordenanza grava un servicio directamente relacionado con el uso y la generación de residuos.

El pronunciamiento también se extiende a los locales. El tribunal concluye que no se motiva ni se respeta el principio de proporcionalidad cuando se establece la misma cuota para locales en los que no se desarrolla actividad y para aquellos en los que sí se ejerce una actividad económica. A juicio de la Sala, no basta con sostener que se trata de un servicio de recepción obligatoria y que, en estos supuestos, se aplica la tarifa más baja prevista, si no existe una explicación concreta que justifique el reparto de la carga tributaria.

El núcleo de la sentencia enlaza esa falta de motivación con la contravención del principio de capacidad económica. La Sala entiende que, al no explicar los criterios de reparto ni acreditar la proporcionalidad de las tarifas, la ordenanza termina imponiendo una carga fiscal que no se ajusta a parámetros razonables y, por tanto, vulnera el marco exigido para este tipo de tasas.

La resolución no es firme. Contra la sentencia cabe recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, un trámite que todavía no ha trascendido si será utilizado. Mientras tanto, el fallo deja sin cobertura jurídica la ordenanza de 2024 y obliga al Ayuntamiento a replantear los criterios técnicos y económicos de la tasa si pretende aprobar una nueva regulación que supere el control judicial.