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Cuando un Ayuntamiento encarga un trabajo y lo paga, no basta con que el resultado exista. En la administración pública el fondo es inseparable de la forma. El dinero público solo puede salir si el procedimiento deja rastro. Y ese rastro no es un formalismo: es la única garantía de legalidad.
Tras el pleno extraordinario del 9 de diciembre y el levantamiento de reparos, el Ayuntamiento de Boñar queda obligado a justificar expediente por expediente cómo se ha llegado a cada pago. No con explicaciones verbales (que tampoco aparecen), sino con documentos fechados, firmados y registrados.
Para entender de qué hablamos, conviene bajar a un caso real que forma parte del conjunto de facturas pendientes y sin tramitación reconocida. Un ejemplo real que ilustra, paso a paso, cómo debería funcionar un expediente… y cómo no funcionó.
Así debería ser un expediente de encargo y pago municipal.
Así fue, en un caso real, que vamos a presentar como ejemplo de la dinámica. Es la factura 2025063 de 13 de julio de 2025.
PASOS DE UN PROCEDIMIENTO LEGAL
El dato nuevo que confirma el patrón
Recientemente, el Ayuntamiento de Boñar ha procedido al pago del importe principal de la factura. Lo ha hecho sin dictar resolución administrativa, sin regularizar el expediente inexistente y sin abonar los intereses de demora legalmente devengados ni tampoco la indemnización fija por costes de cobro prevista en la Ley 3/2004.
Este pago tardío no repara el daño ni corrige la irregularidad. Al contrario, confirma el patrón: cuando la presión institucional y pública aumenta, se paga el principal, pero se evita dejar rastro documental y se elude asumir las consecuencias económicas del retraso. El procedimiento sigue sin existir, aunque el dinero haya salido finalmente de las arcas municipales.
Es un modelo, no una excepción
Este caso no es una anécdota. Es un modelo de extrema gravedad que mancilla la seguridad y la exigencia en la transparencia del uso y el destino del dinero público que así se evapora sin explicaciones. Pero solo lo hace el dinero, puesto que la exigencia de razonamientos tanto a los órganos de control como a la población se mantiene viva y pertinaz.
Este es uno más, entre los muchos que han sido tratados fuera de la norma y en los que no se cumplen ni tan siquiera mínimos. El daño reputacional a la institución local es incalculable y al dinero público también puesto que este procedimiento genera demandas e intereses de demora que el ayuntamiento tendrá que abonar y que en caso de eliminar reparos (como ya se ha hecho con otros expedientes) podrían tener que ser cubiertos mediante el patrimonio personal de los concejales que con su voto los levantaron, tal y como contempla la ley.
El resultado es sencillo de entender: el trabajo existe, el procedimiento no. Y cuando el procedimiento no existe, el problema deja de ser administrativo para convertirse en estructural. Así, una cosa es el presupuesto y otra muy distinta las verdaderas cuentas públicas sobre las que el desconocimiento de la población es total.
¿Alguien puede aseverar que esto es un incidente puntual o una casualidad? ¿Cuántos procedimientos se encuentran en el mismo caso?
¿Estamos ante una organización paralela con voluntades espurias?
Este ejemplo no es una anécdota. Es un modelo. Un patrón en el que los encargos se hacen de palabra, los papeles no aparecen y la responsabilidad se diluye. Y aquí aparece la pregunta clave que el levantamiento de reparos ya no permite esquivar:
¿Quién decidió que se podía trabajar así?
¿Quién permitió que no se generara documentación?
¿Quién debía vigilar y no lo hizo?
Porque cuando no hay expediente, no hay escudo técnico posible. Las decisiones dejan de ser de secretaría y pasan al terreno político. Y eso exige explicaciones, no excusas. ¿Cuántos casos habrá? ¿centenares?… o tal vez más. ¿Años? ¿También en la anterior Legislatura?...
Epílogo abierto
Este caso abre otras cuestiones que, hoy en día, siguen sin respuesta documentada.
¿Qué ocurre con el resto de las facturas pendientes de autónomos y pequeñas empresas que no figuran explícitamente en los reparos analizados?
¿Y qué sucede con los decretos de pago de ejercicios anteriores, algunos de los cuales incluyen servicios prestados por familiares directos de cargos municipales? ¿Se expresaron los preceptivos reparos? ¿Qué criterios se aplicaron para que unos pagos se tramitaran y otros quedaran bloqueados o sin recorrido administrativo?
La única forma de despejar estas dudas es una revisión completa, ordenada y verificable de los decretos, expedientes y pagos de ejercicios anteriores. Todo lo demás son declaraciones sin respaldo. Y en Boñar, los silencios llevan demasiado tiempo sustituyendo a los papeles.
Tras más de cinco décadas de democracia, resulta legítimo preguntarse si este es el estándar asumido de rendición de cuentas. La transparencia no se proclama, se ejerce. Y cuando no hay luz, cuando las ventanas permanecen cerradas, lo que se genera no es confianza, sino sospecha.
La transparencia solo incomoda a quien tiene algo que ocultar. El resto de los comportamientos, los que normalizan el abuso, la irregularidad o incluso la posible comisión de ilícitos, terminan beneficiando a unos pocos y perjudicando al conjunto del territorio, mientras tanto, se instala una peligrosa ficción colectiva de normalidad.
Ese modo de operar se sostiene, demasiadas veces, en la impunidad y en la pasividad de quienes miran hacia otro lado. No solo es reprochable la actuación de quien ejecuta prácticas irregulares, también lo es el silencio de quienes, por acción u omisión, permiten que se perpetúen.
Seguimos observando los nueve asientos del salón de plenos y, más allá de los discursos, lo que emerge es una sucesión de evasivas, silencios y complicidades tácitas. No es una valoración personal, es una constatación política: quienes ocupan esos cargos están obligados a estar a la altura del mandato recibido. Y hasta ahora, la documentación y los hechos conocidos no permiten presumir el merecimiento de un cargo que los vecinos otorgaron con sus votos.
La investigación continúa. Porque mientras existan preguntas sin respuesta y decisiones sin papeles, el caso seguirá abierto. Y también la responsabilidad de quienes, pudiendo aclararlo todo, eligen no hacerlo.
