La Ley del Cuerpo de Agentes Medioambientales supera su primera votación en las Cortes de Castilla y León

La iniciativa, registrada en mayo y elaborada con aportaciones técnicas del sindicato CSIF, pretende dotar por primera vez a la Comunidad de un marco jurídico propio para este colectivo. Castilla y León es una de las pocas autonomías que aún carecen de una ley específica pese a gestionar un territorio con más del 50% de superficie forestal, más de cinco millones de hectáreas de masa forestal y cerca de tres millones de hectáreas de arbolado.

El texto plantea ordenar y definir funciones, competencias y estructura del cuerpo, con el objetivo de reforzar la protección del patrimonio natural y mejorar la capacidad operativa en un ámbito donde los agentes desempeñan un papel central. Este colectivo dirige más del 90% de los incendios forestales que se producen en la Comunidad y participa de forma habitual en labores de rescate, emergencias y actuaciones extraordinarias. Su presencia también resulta clave para supervisar los aprovechamientos forestales, cinegéticos, piscícolas, resineros o micológicos, actividades que sostienen buena parte de la economía del medio rural.

Los promotores de la ley subrayan que la ausencia de una normativa propia ha generado durante años inseguridad profesional, dificultades de coordinación y carencias de medios. La regulación propuesta busca corregir estas situaciones y establecer un marco estable que permita modernizar el servicio y mejorar la respuesta ante la presión creciente sobre los recursos naturales.

En el debate parlamentario se destacó el apoyo unánime del resto de grupos a una propuesta considerada necesaria para fortalecer la protección ambiental y asegurar un funcionamiento homogéneo en todas las provincias. La abstención del Partido Popular fue interpretada por los impulsores del proyecto como una falta de respaldo a un servicio público esencial para la gestión del territorio.

Con la toma en consideración aprobada, la iniciativa continuará ahora su tramitación en las Cortes, donde deberá superar los siguientes pasos antes de su aprobación definitiva. El objetivo es dotar a Castilla y León de una ley que actualice y refuerce el trabajo de un cuerpo profesional que opera sobre un territorio extenso y de elevada sensibilidad ambiental.