UPL exige responsabilidades por las compras municipales de recambios con precios superiores al mercado y pide la dimisión del concejal de Hacienda

Unión del Pueblo Leonés pidió la dimisión del concejal de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de León, Carmelo Alonso, tras denunciar irregularidades en la contratación municipal vinculada al mantenimiento de la flota de vehículos. La formación asegura que el área aprobó facturas con precios por encima de los habituales en el mercado y sin tramitar los contratos correspondientes, a pesar de que el interventor municipal registró objeciones reiteradas.

Los concejales Eduardo López Sendino, Teresa Fernández e Isidro Ferrero detallaron que entre 2022 y 2023 se adquirieron 41 baterías para una flota de 75 vehículos. En el caso de las baterías industriales, el Ayuntamiento pagó 274,45 euros por unidad cuando en talleres el precio ronda los 210 euros. Las baterías de moto se abonaron a 162,37 euros, pese a que en el mercado pueden encontrarse entre 74 y 90 euros. El grupo también apuntó al coste del AdBlue, que se facturó a 2,66 euros por litro, más del doble del precio medio de los años analizados.

Otro ejemplo señalado fue la compra de cinco litros de disolvente por 29,23 euros, lo que supone 5,85 euros por litro, cuando el precio de referencia es de 4,59 euros. Del mismo modo, una lijadora adquirida por 382,57 euros tendría un valor de mercado cercano a los 176,65 euros. Los concejales explicaron que estas adquisiciones muestran una reiteración de compras a una única empresa de recambios, Radiadores Palacios, sin procedimientos abiertos ni publicidad previa que permitan la libre concurrencia.

Los expedientes se elevaron al Pleno en forma de reconocimientos extrajudiciales de crédito y fueron aprobados con votos favorables del equipo de Gobierno, la abstención del Partido Popular y el voto en contra de UPL. En todos ellos constan reparos de intervención que indican la obligación de tramitar un contrato y de publicarlo en el perfil del contratante del Ayuntamiento.

El grupo municipal reclama saber por qué no se iniciaron los expedientes de contratación, por qué se recurrió de manera continuada al mismo proveedor, por qué no se solicitaron descuentos habituales en suministros de este tipo y cuál es el motivo de los incrementos de precio detectados. Si el Gobierno municipal no ofrece explicaciones suficientes, los concejales anuncian que estudiarán trasladar la documentación a Fiscalía para depurar responsabilidades por una posible irregularidad en la gestión de fondos públicos.