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La Fundación Franz Weber ha solicitado al Procurador del Común la realización de una auditoría integral a la Escuela Taurina de Salamanca ante la existencia de indicios que, a su juicio, apuntan a una gestión poco adaptada al trato con personas menores de edad. La petición se enmarca en las denuncias públicas de acoso escolar y acoso sexual surgidas en el entorno del centro, cuya actividad permite la inscripción de alumnado desde los ocho hasta los 21 años.
En el escrito registrado, la entidad subraya el marco legal que rige la protección de la infancia en Castilla y León, especialmente los artículos que obligan a garantizar una protección activa frente a cualquier forma de violencia. La organización sostiene que, en los casos denunciados, esa obligación no se habría cumplido y recuerda que la responsabilidad última del centro corresponde a la Diputación de Salamanca.
La fundación también señala que la normativa autonómica exige poner en conocimiento de la autoridad judicial o del Ministerio Fiscal cualquier indicio de violencia, además de ejercer las acciones civiles y penales que procedan. Según la organización, esas gestiones no han sido impulsadas por la administración competente, sino por las familias de los menores afectados, lo que interpretan como una falta de implicación institucional.
Franz Weber manifiesta además su preocupación por lo que considera una ausencia de protocolos adecuados para responder a denuncias de esta naturaleza. Destaca que las familias ya advirtieron esta carencia, así como la falta de formación específica del personal docente para trabajar con alumnos de edades muy diversas dentro de la escuela taurina.
La solicitud remitida al Procurador del Común pide que se audite el funcionamiento de la instalación, el papel del profesorado y de la dirección del centro, así como la actuación del área de la Diputación que gestiona la escuela. El objetivo es esclarecer si la institución ha ofrecido un entorno seguro, si ha aplicado medidas de protección suficientes y si ha actuado con diligencia ante los hechos denunciados.
La ONG recuerda que dispone de estatus consultivo ante el Comité de los Derechos del Niño y que su petición responde a la necesidad de reforzar la supervisión en espacios donde conviven menores con actividades de riesgo, especialmente cuando existen señales de posibles situaciones de acoso o violencia.
