La expansión de las estafas a través de internet y telefonía móvil ha llevado a plantear la necesidad de un cuerpo policial especializado que actúe de oficio y vigile de manera permanente los espacios digitales. La presión delictiva afecta a ciudadanos de todas las edades, que reciben cada día intentos de fraude en sus dispositivos y redes sociales.
España18 de noviembre de 2025
RML
El uso masivo de plataformas digitales y la facilidad para ocultar la identidad en el entorno virtual han impulsado un escenario en el que los intentos de estafa son un fenómeno constante. Llamadas suplantadas, enlaces manipulados, perfiles falsos o mensajes que imitan a entidades bancarias forman parte del repertorio habitual con el que los grupos delictivos buscan obtener datos o acceso a cuentas personales. Esta situación ha generado preocupación social y ha abierto de nuevo el debate sobre la necesidad de reforzar la protección pública en el ámbito telemático.
Los especialistas en seguridad digital coinciden en que la capacidad operativa de los delincuentes se ha multiplicado gracias a herramientas que permiten automatizar miles de ataques en cuestión de minutos. Un solo grupo puede desplegar campañas masivas dirigidas a números aleatorios, lo que explica que prácticamente cualquier usuario reciba mensajes sospechosos varias veces por semana. La falta de barreras efectivas ha impulsado propuestas para crear una unidad policial que combine investigación, vigilancia activa y capacidad de intervención inmediata.
La ausencia de supervisión continuada en los entornos digitales facilita que los estafadores adapten sus métodos sin apenas obstáculos. Las estafas por suplantación en aplicaciones de mensajería, las falsas ofertas laborales, los mensajes de paquetería inexistente o los supuestos avisos de urgencia bancaria son solo algunas de las modalidades que se replican en todas las plataformas. Su evolución constante ha superado los mecanismos tradicionales, centrados en la denuncia posterior al daño, cuando el fraude ya se ha consumado.
Ante esta realidad, la creación de una policía informática con competencias específicas aparece como una opción planteada en distintos foros. Esta unidad tendría capacidad para actuar de oficio en redes sociales, páginas web, foros y sistemas de mensajería, con el fin de detectar estructuras delictivas, intervenir en tiempo real y desmantelar campañas antes de que lleguen a los ciudadanos. El objetivo sería equiparar la protección digital a la que existe en el espacio físico: vigilancia preventiva, presencia disuasoria y actuación inmediata.
A día de hoy no ha trascendido si esta posibilidad avanzará hacia un marco legislativo concreto. Lo cierto es que la magnitud de los delitos telemáticos y la dificultad de combatirlos con herramientas convencionales han situado la cuestión en el centro del debate sobre seguridad ciudadana.
Y, pese a ello, la población continúa completamente expuesta. Las instituciones de ciberseguridad existentes desempeñan funciones formativas, de asesoramiento o de coordinación institucional, pero carecen de una capacidad real de acción directa que permita neutralizar a los delincuentes con la misma contundencia y utilizando las mismas herramientas tecnológicas que ellos emplean con total impunidad.
Las estaciones invernales de la Diputación de León, San Isidro y Valle Laciana-Leitariegos, han cerrado la semana de Navidad con 13.311 personas usuarias. En conjunto, han ofrecido 19 kilómetros y 19 pistas, con una actividad que ya supera la registrada en todo el periodo navideño del ejercicio pasado.
El Auditorio Ciudad de León acogerá el 25 de enero, a las 20:00 horas, un concierto conjunto de Mocedades y Los Panchos. La cita reunirá en un mismo escenario repertorios vinculados a varias generaciones, con un programa centrado en grandes temas de ambas formaciones.
El Gobierno ha aprobado la prórroga para 2026 de las cotizaciones de los trabajadores autónomos vigentes en 2025, al no haberse cerrado un acuerdo con las asociaciones del sector, la patronal y los sindicatos para el siguiente tramo del sistema por ingresos reales. La decisión se ha adoptado en el Consejo de Ministros dentro del paquete de medidas que incluye la revalorización general de las pensiones del 2,7 por ciento para 2026.
La reaparición de la peste porcina africana en España ha puesto de nuevo el foco en un virus capaz de provocar una mortalidad cercana al 100 % en cerdos y jabalíes en apenas una o dos semanas. La enfermedad no afecta a los humanos, pero amenaza gravemente a la cabaña porcina y al sector ganadero por su alta letalidad y facilidad de transmisión.
El doctor en Veterinaria por la Universidad de León y director de investigación de la Fundación Artemisan, Carlos Sánchez García-Abad, formará parte del Comité Científico sobre Peste Porcina, un órgano permanente y consultivo creado con motivo del brote detectado en la provincia de Barcelona el pasado 28 de noviembre. El comité seguirá operativo mientras se mantenga la situación y celebrará su primera reunión este viernes.
El Parador de San Marcos acogió el acto institucional por el 47 aniversario de la Constitución, celebrado de forma conjunta por las administraciones con presencia en la provincia. La Subdelegación del Gobierno organizó la cita, en la que Héctor Alaiz destacó el respaldo ciudadano que hizo posible la aprobación de la Carta Magna.
El Pleno de Boñar aprobó levantar reparos en la sesión extraordinaria urgente del 9 de diciembre con seis votos a favor y tres ausencias. La medida permite ordenar pagos pese a la advertencia técnica y sitúa el centro de gravedad en la esfera política, mientras el PP intenta fijar un relato de "desconocimiento" que vuelve a abrir una pregunta incómoda: qué control ejerció la oposición cuando tocaba.
La reunión convocada este viernes en Villamanín (León) para aclarar qué ocurrió con diez décimos del Gordo no consignados ha arrancado con unas 300 personas en el Hogar del Pensionista y con posturas enfrentadas. La Comisión de Fiestas plantea que cada papeleta premiada asuma un recorte del 6% para cubrir un agujero de cuatro millones de euros.
Villamanín afronta una crisis interna tras detectarse un desfase en la venta de participaciones del Gordo de Navidad: un bloque de papeletas premiadas no tendría décimos asociados. La incidencia afecta a 50 papeletas del número agraciado y ha dividido a los compradores entre quienes buscan una solución pactada y quienes exigen responsabilidades por una gestión que pudo ser irregular.
La comisión de fiestas de Villamanín ha comunicado a los agraciados su disposición a ceder íntegramente el premio que le corresponde del Gordo de Navidad para ayudar a cubrir el desfase generado por diez décimos no consignados. Tras una reunión de más de tres horas, se perfila un principio de acuerdo que incluye una retención del 10% por papeleta y el depósito de las cantidades en el juzgado, con un reparto posterior si no hay reclamaciones.
Cuando una persona u organización vende papeletas o participaciones de lotería sin haber adquirido los décimos que dice representar y el número resulta premiado con el máximo premio, el conflicto no queda entre el que lo vendió y el que compró. Se convierte en un asunto penal y civil que suele acabar en juzgado, con riesgo real de embargo y responsabilidad patrimonial para quienes intervinieron en la venta.