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El documento hecho público sitúa a León ante el mayor impacto ambiental registrado en la provincia en décadas. Señala que el fuego afectó a espacios de alto valor ecológico —Montes Aquilanos, sierras de La Cabrera y Alto Sil, Ancares y Parque Nacional de Picos de Europa— y cifra el daño en torno al 10% de la superficie forestal. Entre los efectos asociados se enumeran episodios de contaminación atmosférica durante los siniestros y consecuencias postincendio como erosión del suelo y afección a aguas superficiales y subterráneas, con incidencias en algunos abastecimientos municipales.
En el plano institucional, se reclama un ejercicio de rendición de cuentas. Se subraya que, transcurridos tres meses desde los grandes incendios, aún no consta un informe oficial de impacto, no se ha convocado el Consejo Regional de Medio Ambiente y los responsables sectoriales no han comparecido en sede parlamentaria para explicar la actuación desarrollada. Se solicita un calendario concreto de actuaciones y la presentación pública de las evaluaciones técnicas.
El texto incorpora, además, una petición de depuración de responsabilidades por la gestión forestal. Recuerda los incendios de 2022 en la Sierra de la Culebra (Zamora) y sostiene que no se adoptaron medidas preventivas suficientes con posterioridad. En este contexto, se menciona la existencia de diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de Castilla y León a raíz de una denuncia presentada por una entidad social, extremo que sigue su curso y cuyo resultado todavía no ha trascendido.
En materia normativa, se plantea una crítica al Decreto-ley 2/2025, de 23 de octubre, sobre medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales. El posicionamiento considera que la norma introduce cambios en las leyes de Montes y de Patrimonio Natural que, a juicio de la organización, desregulan la protección ambiental y no incorporan de forma explícita factores como el cambio climático o el abandono del medio rural. Se solicita su revisión y la incorporación de instrumentos de gestión preventiva basados en evidencias.
La plataforma aboga por políticas de prevención, restauración y gestión forestal sostenible con dotación presupuestaria, seguimiento técnico y participación social, e invita a la ciudadanía leonesa a sumarse a la movilización del 23 de noviembre.
