Los detalles sobre la "chapuza" de la ordenanza sobre el impuesto de basuras de 2024 y 2025 que señala a Santiago Dorado y a los técnicos de la Diputación

La impugnación sostiene, en primer lugar, que el cobro no debería calificarse como tasa, al tratarse de un servicio gestionado de forma indirecta mediante concesión a una empresa (UTE Legio VII). Bajo ese esquema, el pago que realizan los usuarios encajaría en una prestación patrimonial de carácter público no tributario, no en un tributo. Este reproche afecta a la base jurídica utilizada para exigir los recibos de 2024 y su prórroga a 2025.

En segundo término, el recurso discute las competencias de la Diputación cuando aprobó la ordenanza el 30 de octubre de 2023. La disolución formal del consorcio Gersul —hasta entonces titular del servicio y de la potestad recaudatoria— se produjo el 31 de octubre, por lo que, a juicio de la demanda, en el momento del acuerdo la institución provincial aún no había asumido válidamente activos, pasivos ni potestades. Se añade que no consta la “provincialización” previa del servicio, requisito para su asunción subsidiaria conforme a la normativa de régimen local cuando los municipios no lo presten.

En el plano procedimental, el escrito denuncia defectos en la tramitación: en el orden del día de la comisión informativa y del pleno extraordinario no figuró como punto separado la imposición del tributo (establecimiento de la tasa), limitándose a la aprobación directa de la ordenanza fiscal. La demanda defiende que son actos distintos que debieron votarse de forma diferenciada. El texto íntegro se publicó en el BOP el 22 de diciembre de 2023 tras la exposición pública sin alegaciones, pero se cuestionan los pasos previos que habilitaron esa publicación.

Como consecuencia, el procedimiento solicita la anulación de la ordenanza y la declaración de improcedencia del cobro para 2024 y 2025. De prosperar, podría abrirse la vía a devoluciones por ingresos indebidos y a la revisión de los padrones emitidos. En paralelo a la impugnación directa, se apunta la posibilidad de impugnación indirecta por cada contribuyente afectado frente a su liquidación.

En el ámbito de responsabilidades, la demanda atribuye a Santiago Dorado, diputado de Hacienda, la dirección política del expediente y a los técnicos de la Diputación la obligación de garantizar la corrección jurídica de los actos de tramitación. Están citados a declarar en sede judicial representantes políticos y técnicos intervinientes en la elaboración de la norma. A día de hoy no consta resolución judicial firme y el proceso continúa en fase probatoria.