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El Consejo de Cuentas reclama planificación, coordinación y rendición de cuentas más sólidas en el periodo 2019-2022, que afecta a la mayoría de los 211 ayuntamientos de la provincia, casi todos por debajo de 20.000 habitantes.
El órgano fiscalizador plantea a la Diputación que impulse la planificación estratégica de subvenciones, coordine con mayor eficacia los servicios municipales obligatorios y priorice la cooperación con los ayuntamientos. Respecto al Consejo Comarcal, advierte de la falta de rendición de cuentas en los seis últimos ejercicios y recomienda mejorar la transparencia sobre subvenciones, costes efectivos, contratos y convenios. En la comparecencia se subrayó que los informes buscan abrir una reflexión sobre incumplimientos y carencias detectadas, y que el Consejo Comarcal dispone de competencias reales y relevantes que deben ejercerse con plenas garantías.
Los documentos auditados analizan si ambas instituciones han desplegado las acciones necesarias para asegurar la prestación integral de servicios municipales y si han implementado adecuadamente las competencias que la normativa les atribuye. Entre las debilidades señaladas figuran la insuficiente coordinación interadministrativa y la ausencia de criterios que permitan evaluar la eficacia del gasto en el ámbito provincial, así como carencias de transparencia y control interno en el ente comarcal.
En el debate parlamentario, representantes de diferentes grupos políticos coincidieron en la necesidad de mejorar la planificación y la rendición de cuentas, con diagnósticos distintos sobre las causas. Se apuntó, por un lado, a déficits estructurales de personal y a la escasez de funcionarios con habilitación nacional, que dificultan la tramitación y elevación de documentación de control. Por otro, se reclamó fortalecer las herramientas de seguimiento, actualizar plantillas y relaciones de puestos de trabajo y fijar criterios objetivos para orientar el gasto hacia resultados medibles en desarrollo local.
Se destacó igualmente el papel de la Diputación como garante del acceso a servicios en un territorio marcado por dispersión poblacional, envejecimiento y limitaciones de recursos humanos en los ayuntamientos. En contraste, el Consejo Comarcal fue instado a regularizar su rendición de cuentas, garantizar información pública completa y disponer de medios suficientes para ejercer sus competencias con eficacia.
Los informes concluyen con recomendaciones operativas para ambas instituciones, enfocadas a cerrar las brechas de coordinación, control y transparencia detectadas.
