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La Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha presentado ante la Fiscalía de León una petición para que se defiendan los derechos de los usuarios de la AP-66 y se ordene la devolución de peajes en los casos en que la autopista no haya prestado un servicio “suficientemente satisfactorio” de fluidez o seguridad. La solicitud se ampara en la doctrina del Tribunal Supremo que considera abusivo el cobro íntegro del peaje en autopistas concesionadas cuando se producen incidencias relevantes sin adecuada información previa al usuario.
Según expone UPL, la AP-66 —concesionada a Aucalsa— está afectada por obras de adecuación en túneles y por un argayo que ha provocado cortes, ralentizaciones y incrementos sustanciales del tiempo de viaje, con paradas prolongadas en determinados tramos y franjas horarias. Pese a esas circunstancias, el importe del peaje se mantendría sin variación, extremo que la formación considera incompatible con la citada doctrina cuando el usuario no ha sido informado previamente de las afecciones y de su impacto en la circulación.
UPL solicita a la Fiscalía que requiera al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la verificación del cumplimiento de esa doctrina y, en su caso, la exigencia a Aucalsa de reintegros totales o parciales a los conductores que hayan padecido retrasos significativos o deficiencias del servicio. La formación añade que el criterio debería aplicarse de forma objetiva y trazable, atendiendo a variables como tiempos de trayecto, intensidad de circulación, cortes programados o sobrevenidos y sistemas de aviso.
Como medida complementaria, UPL reclama transparencia inmediata y información en tiempo real en todos los puntos de acceso y pago de la autopista, incluyendo paneles de mensaje variable, canales digitales y atención en peajes. El objetivo es que el usuario conozca antes de abonar el peaje las condiciones reales de circulación, las incidencias y las alternativas disponibles, reduciendo situaciones de indefensión.
Por el momento no ha trascendido el calendario de actuación de la Fiscalía ni la respuesta del Ministerio y de la concesionaria a la petición. Tampoco se ha precisado el alcance de las posibles devoluciones ni el procedimiento para canalizar reclamaciones individuales o colectivas. UPL sostiene que la aplicación efectiva de la doctrina del Supremo aportaría seguridad jurídica y equilibrio entre la explotación concesional y los derechos de los usuarios, especialmente en periodos de obras o incidencias que alteran de forma sustancial la prestación del servicio.
