UPL exige a la Junta que defienda a los remolacheros de León después de que Azucarera rescindiera contratos para la próxima campaña

Unión del Pueblo Leonés exigió este jueves a la Junta de Castilla y León que defienda a los remolacheros de León tras conocerse que la empresa AB Azucarera rescindió “unilateralmente” los contratos con varios cultivadores de remolacha para la próxima campaña, lo que supone “un duro varapalo más para una comarca ya afectada de por sí por el cierre de la planta de La Bañeza y la ausencia de alternativas industriales”.
La formación leonesista se sumó así a la petición de la Asociación de Jóvenes Agricultores, Asaja, para la “urgente intervención” de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, para que “actúe mediante la Junta de Arbitraje y Mediación para los Contratos Agrarios” y “proteja a los agricultores de la provincia” ante una decisión que “pone aún más en riesgo la viabilidad de un cultivo gravemente afectado por el cierre de la Azucarera de La Bañeza”.
UPL explicó que la compañía alega “desatención del cultivo y rendimientos inferiores a los deseados”, lo que lleva a muchos agricultores a “aceptar acuerdos muy desfavorables para evitar el proceso judicial que conllevaría no hacerlo”. Ello supone “un duro varapalo para el sector agrario y para el mundo rural de la Región Leonesa”, de forma que “la Junta debe garantizar su defensa y la pervivencia de un modo de vida que ahora tiene un futuro negro”.
A esta “grave situación”, los leonesistas sumaron la “mínima proactividad” de la Junta de Castilla y León “a la hora de garantizar una alternativa para las instalaciones de la Azucarera de La Bañeza tras el anuncio de su cierre definitivo”. En este sentido, criticaron que el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, “se limita a decir que no se plantean opciones satisfactorias” en un compromiso institucional “inexistente”, lo que “se evidencia con casi medio año de ausencia de alternativas” y que requiere de “un mayor grado de implicación” para que la comarca mantenga el uso productivo y el empleo perdido.