Denuncian ante el Procurador del Común la discriminación de un alumno con TEA en un centro de formación de León

El conflicto se origina en el Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) de Almázcara, donde el alumno cursaba el programa de Incorporación a la Empresa Agraria. A pesar de haber superado la fase teórica y completado las 15 horas de prácticas exigidas por la normativa, el centro ha rechazado certificar su aprovechamiento. Esta decisión impide al joven acceder a la condición de agricultor profesional y a las subvenciones vinculadas, lo que ha motivado la denuncia por vulneración del derecho a la igualdad y al trabajo.

Las organizaciones agrarias UGAL-UPA y la Asociación Berciana de Agricultores (ABA) han respaldado la queja, calificando el suceso como un caso grave de discriminación por motivos de discapacidad. Según el testimonio de los afectados y de sus compañeros de grupo, las jornadas de prácticas transcurrieron sin incidentes. El alumno realizó tareas de soldadura y participó en las prácticas de manejo de maquinaria, permaneciendo en la cabina del tractor junto a la docente para superar sus bloqueos sensoriales. Sin embargo, el centro alega una supuesta falta de aprovechamiento que no ha sido justificada mediante informes técnicos oficiales.

La dirección del centro de Almázcara reconoció la asistencia del alumno, pero manifestó que el joven no cuenta con la cualificación necesaria para el ejercicio profesional. Ante esta postura, la familia y las organizaciones agrarias sostienen que la calificación responde a una decisión subjetiva basada en la condición de TEA del estudiante y su falta de comunicación verbal, ignorando el esfuerzo de adaptación realizado durante el curso.

Ante la ausencia de respuesta por parte de la Consejería de Agricultura, UGAL-UPA y ABA han exigido una rectificación inmediata y el cese de la directora del CIFP de Almázcara. También solicitan la destitución del coordinador de Servicios de la Dirección General de Desarrollo Rural. Consideran que los responsables de una institución pública no pueden actuar de forma arbitraria contra personas con discapacidad, por lo que instan al Procurador del Común a investigar el trato recibido por el alumno en las instalaciones leonesas.