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El plan, impulsado por la empresa Valorización Verde S.L., filial de Latem Aluminium, contempla una capacidad de cinco millones de toneladas de residuos, de las que un millón corresponderían a residuos peligrosos.
El recurso impugna la validez del instrumento de ordenación territorial aprobado por la Junta, al considerarlo nulo de pleno derecho. De manera subsidiaria, la organización ecologista recurre también la declaración de impacto ambiental favorable vinculada al proyecto, al que la Consejería ha denominado “Parque Medioambiental de Tratamiento de Residuos”. La autorización ambiental integrada de esta instalación aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial, por lo que está pendiente de posibles nuevas acciones legales.
Ecologistas en Acción argumenta que la aprobación del Proyecto Regional carece de justificación suficiente, apoyándose en los informes de la propia sección de residuos de la Consejería de Medio Ambiente. Además, advierte del riesgo de contaminación de aguas superficiales y subterráneas debido a la ubicación prevista para los vertederos, en un área inundable entre dos arroyos y sobre un acuífero de alta permeabilidad.
Los Proyectos Regionales, al considerarse de interés para toda la comunidad autónoma, son aprobados directamente por el consejero de Medio Ambiente. En este caso, la firma corresponde a Juan Carlos Suárez-Quiñones, cuya decisión no tiene instancia administrativa superior, por lo que únicamente puede recurrirse ante los tribunales de justicia.
El proceso se produce en un contexto marcado por la polémica en torno a la gestión medioambiental en Castilla y León. Suárez-Quiñones afronta críticas por los incendios forestales registrados en agosto, que arrasaron más del 10% de la superficie forestal de la provincia de León y causaron la muerte de cuatro personas. Paralelamente, distintas asociaciones han denunciado al consejero ante la Fiscalía por presuntas irregularidades en su relación con Macario Fernández, presidente de Latem Aluminium y promotor de los macrovertederos, una compañía que ha recibido importantes ayudas públicas.
El Tribunal Superior de Justicia deberá resolver ahora sobre la validez del Proyecto Regional y sobre la legalidad de la declaración de impacto ambiental favorable al plan de vertederos.
