Incibe informa a una familia sobre las claves legales del uso de dispositivos y datos de menores en el aula

La línea 017 del servicio ‘Tu ayuda en ciberseguridad’ del Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) prestó ayuda a la madre de dos menores adolescentes, que estaba preocupada por el uso inadecuado y la seguridad de los datos porque en el colegio habían empezado a usar dispositivos tecnológicos.
Entre las consultas planteadas a Incibe, la mujer quería saber si es obligatorio que las familias firmen un consentimiento para que sus hijos utilicen las plataformas educativas y tengan una cuenta corporativa del colegio previo al uso del email y otras aplicaciones. También preguntó si podía negarse a dar ese consentimiento al ser menores de 14 años, sin que ello perjudicara en su educación, es decir, sin que se les dejara fuera de ninguna actividad.
Otra consulta que planteaba la mujer era si las familias tienen competencia para negarse a que se cedan los datos de los menores a Google y a las demás aplicaciones. Además, quería averiguar si hay un umbral de edad en el que la posible obligatoriedad del consentimiento informado cambie.
Por último, consultó acerca de la figura del Delegado de Protección de Datos del colegio y el uso de móviles en el entorno escolar.
La usuaria estaba intranquila, motivo por el que decidió ponerse en contacto con con el 017 de Incibe para que la orientara y, además de indicarle alguna de las leyes por las que se rigen este tipo de situaciones, como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, le facilitó diferentes pautas.
Así, el servicio ‘Tu Ayuda en Ciberseguridad’, le aconsejó que solicitara al centro toda la información sobre el uso de este tipo de aplicaciones y dispositivos y se indicó que en España la edad a partir de la cual un menor puede dar su consentimiento por sí mismo respecto al tratamiento de sus datos es a partir de los 14 años, de forma que los menores de 14 siempre necesitan el consentimiento de los padres o menores, de forma que el centro está obligado a solicitarlo.
También se le informó que las familias pueden negarse a ese tratamiento de datos y solicitar que se detenga cualquier uso no autorizado de la información de sus hijos, al tiempo que tienen el derecho a ser informadas acerca de cómo se están utilizando esos datos y a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición de los datos, a través de la Agencia Española de Protección de Datos.
Incibe le comunicó que el centro no puede negar la enseñanza a los menores que no hayan consentido el uso de estas aplicaciones, por lo que debe ofrecer una alternativo a los alumnos en caso de que los padres no den el consentimiento. Igualmente, se informó que el Delegado de Protección de Datos es la figura responsable de garantizar que se cumpla la normativa de protección de datos y que las familias tienen derecho a recibir información clara y accesible sobre cómo se utilizan los datos personales de sus hijos, incluyendo qué tipo de dispositivos se usan, qué información se recopila y cómo se protege dicha información.
Finalmente, respecto al uso de los dispositivos en el centro escolar, el 017 detalló a la mujer que este difiere entre centros y comunidades, pero lo que es común a todos es que, dentro del entorno escolar, los docentes y el personal del centro tienen la responsabilidad y la potestad de supervisar y hacer cumplir las normas establecidas.