UGT reclama a la Junta una “UME civil” que atienda todo tipo de emergencias, con personal estable y formado

La Unión General de Trabajadores (UGT) reclamó hoy a la Junta una especie de “UME civil”, una unidad especializada que atienda todo tipo de emergencias, no solo incendios forestales, con “personal estable y formado”, una demanda que el sindicato ha realizado “desde hace tiempo”, tal y como señaló el vicesecretario de Administración Autonómica y Diálogo Social de UGT, Carlos Arenas, quien participó en una rueda de prensa para presentar sus propuestas para un nuevo dispositivo antiincendios en la Comunidad.
Junto al secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León, Tomás Pérez; la secretaria de Acción Sindical y Formación, Sara Molledo, y el responsable de Agentes Medioambientales, Francisco Camuñas, Arenas expuso el organigrama del Gobierno autonómico debe incluir “algún tipo de organismo, incluso una consejería, que se dedique a las emergencias, dentro de la cuál entraría el operativo contra incendios, pero también emergencias sanitarias o climáticas, que esté bien formado y que sea público cien por cien”.
Esta será una de las principales “exigencias” del sindicato a partir de la próxima reunión del Diálogo Social en materia de medio ambiente, cuyo acuerdo concluye el 31 de diciembre. “Empezaremos a negociar bajo esa premisa”, comentó Arenas, quien indicó que ya se lo han traslado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco. Igualmente, exigió mejoras retributivas, recursos y medios “del siglo XXI y no del siglo XIX”, y estimó en 6.000 los trabajadores necesarios para afrontar los grandes incendios “del futuro”. Sin embargo, Camuñas explicó que “si los 4.700 actuales fueran públicos, profesionales y formados, nos daríamos por contentos”.
Arenas, también, consideró que la mejora de las condiciones “tienen que negociarse de forma simultánea con la creación de la ‘UME civil’”, pero antes, dijo, “es necesaria la aplicación de las leyes de bomberos forestales”, enmarcado “dentro de una mejora general” que debería estar resuelto, confió, “antes del 31 de diciembre”, y que “debe recoger las leyes, el decreto de guardias y el acuerdo del nuevo Diálogo Social, que después deben plasmarse en mesas de negociación laboral”.
Como ejemplo, Arenas expuso que los “incumplimientos” de la Junta llegan a dos decretos, el de guardias y el de incendios, que “siguen sin publicarse, con negociación atascada”, y con el Infocal “que se ha publicado muy tarde, este año, cuando tenía que estarlo en 2023”, tras los acuerdos alcanzados en septiembre de 2022, tras los graves incendios de la Sierra de la Culebra. Igualmente, sostuvo que este año “todo el operativo, que es exiguo, debería haber estado al cien por cien todo el ejercicio, y no se ha incorporado la mayor parte hasta marzo, abril o mayo”. Además, alertó de que “no se han cubierto todas las plazas, en algún colectivo hasta un 20 por ciento”.
También explicó que estos incendios “de sexta generación” no se hubieran producido “con los montes limpios para evitar combustible”.
Incendios “para quedarse”
Por su parte, Francisco Camuñas, agente medioambiental en Salamanca, insistió en la necesidad de un operativo “de calidad y mejora real” y añadió que los grandes incendios “han venido para quedarse”. También lamentó que la Junta “presuma de un operativo moderno, cuando durante 240 días al año no hay técnicos ni agentes medioambientales para coordinar los incendios”. “Que nos expliquen si esto es moderno”, apuntó.
Sobre el decreto de guardias, que data de 2007, dijo que este año se han mantenido siete reuniones para “modernización y actualización de este decreto”, pero la Junta “no cree en ello”. “Se ha demostrado que lo de 2022 no era una isla en el desierto. Pedimos fehacientemente la modernización del operativo”, manifestó Camuñas, quien puso como ejemplo el sistema de comunicaciones, que es “analógico, totalmente obsoleto, tercermundista”, cuando “todas las demás lo tienen digital”. “He sentido envidia cuando venían a ayudarnos de Valencia, Castilla-La Mancha y Madrid. No podíamos comunicarnos con ellos porque seguimos en el pleistoceno”, comentó, además de lamentar que los epis “también son antiguos” y se protegen del humo y elementos cancerígenos “con bragas”.
Camuñas explicó también que la Junta ha eliminado 1.300 guardias de agentes medioambientales y “tiene la poca vergüenza de, cuando se complica la historia, pedir a la incorporación de los que estaban de vacaciones, cosa que se hizo, con jornadas maratonianas de 15 y 16 horas en días de vacaciones”. “El operativo no ha colapsado gracias a la profesionalidad de los integrantes del operativo. Los gobernantes no están a la altura. Pero nuevamente la Junta nos vuelve a premiar y elimina 90 plazas de la RPT”, lamentó.
Estabilidad y formación
Por último, Tomás Pérez detalló la composición del operativo en la Comunidad e invitó a la Junta a “estudiar por qué los incendios siempre se producen en el oeste y casi nada en el este”. Igualmente, puso como ejemplo el día de la declaración de uno de los incendios en la Montaña Palentina, donde “había 19 charlis (autobombas) sin cubrir. “Estaban allí solos, en sus bases, sin manguerista. La autobomba podría ir, pero para nada”, criticó
Pérez remarcó que más del 60 por ciento de los servicios son privados. Así, de las 20 Elif, que son las bases que cuentan con helicópteros, diez las gestiona Tragsa, “con una encomienda de nueve meses”, y las otras diez, son públicas. Sin embargo, recordó que en una de ellas, en Ávila, los trabajadores “habían firmado tres escritos de que se negaban a ir con el piloto, porque no tenía renovada la licencia; y eso la Junta lo sabía”. “Así que cada vez que llamaban a esa Elif, el piloto iba solo y los trabajadores en un coche detrás, con lo que no funciona como tienen que funcionar”, manifestó.
Además, en la Comunidad hay tres bases Brif, que son equipos de refuerzo que dependen del Miteco, en Soria, León y Ávila. A ellas se unen 35 empresas privadas, que “se reparten los 74 millones de euros que dice y presume la Junta que se gasta en prevención, pero hay un engaño, lo trocea y lo saca a subasta por lotes en diferentes montes, con lo que las empresas tiran a la baja, siempre en perjuicio de la calidad del servicios y nunca de su margen de beneficio”. “Al final, bajas un 25 por ciento el presupuesto, y eso es temerario”, alertó Pérez.
Con estos mimbres, prosiguió, las empresas contratan “gente sin formación”, y “cuando esto empieza a salir en los medios, las empresas piden trabajadores por internet o incluso en papeles en un bar”. “¿Pero no los tenían ya contratados? Lo han hecho deprisa y corriendo dos meses después por miedo a una inspección. Ha habido gente que le han llamado del Ecyl y le han puesto una manguera en la mano. Les dan diez horas de formación. Hemos visto a estos chicos con caras de terror allí dentro”, alertó.
Futuro
Tomás Pérez se mostró optimista de cara al futuro y pidió prepararse para los incendios “de sexta generación, que crean un microclima, es su idiosincrasia propia, y hay que tener formación para atacarlos y estabilidad”. Al respecto, pidió bomberos forestales, que “no hay en Castilla y León” a pesar de que ya existe una ley nacional que los regula, y “que era la excusa de la Junta”.
“Queremos un dispositivo del siglo XXI para incendios del siglo XXI, no del siglo XIX. Se firmará o no dependiendo de la voluntad de los que estén en las mesas de negociación. Para que las empresas se repartan el pastel no nos van a encontrar, sino para hablar, hablar y hablar y modernizar el operativo, en una negociación simultánea con la creación de la ‘UME civil’”.