Greenpeace exige “cambiar el paradigma” del modelo forestal y la lucha contra los incendios

Greenpeace dejó claro este miércoles que este verano, el peor en tres décadas en materia de incendios, “obliga a cambiar el paradigma” del modelo forestal y la lucha contra los grandes incendios forestales y trasladó a los partidos políticos que las medidas para evitar los fuegos han sido consensuadas por el sector forestal y las organizaciones ecologistas y “llevan desde hace tiempo encima de la mesa”.
Lo hizo en un comunicado en el que mostró su confianza en que este verano “marque un punto de inflexión en materia de prevención de grandes incendios forestales” y sugirió a los “responsables políticos” la “urgencia de empezar a trabajar desde ya para evitar que esta situación se pueda volver a repetir el próximo verano”.
En ese sentido, el portavoz de la Campaña de Bosques de Greenpeace España, Miguel Ángel Soto, reclamó a los grupos parlamentarios con representación en el Congreso que “escuchen el alto grado de consenso alcanzado entre los profesionales de la extinción, el sector forestal y las organizaciones ecologistas para empezar a trabajar en un acuerdo político que haga posible un cambio de paradigma en la lucha contra los incendios forestales”.
A su juicio, la solución al desafío que representan los incendios “no vendrá a través de la utilización de esta grave crisis como arma política y de desgaste del adversario, sino a través de acuerdos de Estado y políticas a largo plazo, de escuchar las propuestas ya consensuadas y de aprobar reformas, presupuestos y medidas concretas”.
Greenpeace recordó que en los últimos años distintos colectivos han insistido en la necesidad de apostar por la prevención de los incendios mediante el incremento de los presupuestos y a través de reformas que eviten el abandono de los montes e incentiven la gestión forestal, promuevan la agrupación de los pequeños propietarios, premien las externalidades positivas de las masas forestales y apoyen medidas de protección y conservación de los montes.
Estas reclamaciones, según la organización, se han concretado en “tres grandes documentos de consenso” suscritos por propietarios forestales, sindicatos agrarios, colegios profesionales, empresas, plataformas rurales, organizaciones ecologistas y de conservación y distintos actores económicos y sociales.
Ante esta situación, Miguel Ángel Soto deploró que “se defina lo que está ocurriendo estos días como una situación sin precedentes o impredecible”, ya que “el sector forestal y las organizaciones ecologistas llevan tiempo advirtiendo de que lo que pasó en los veranos de 2006, 2012, 2017 o 2022 volvería pasar, pero de manera más virulenta debido a la perpetuación de los problemas estructurales del medio rural y el incremento de las temperaturas provocado por el cambio climático”.
Por último, Greenpeace detalló algunas de las propuestas que en los últimos años se han puesto sobre la mesa para prevenir los incendios, como la gestión anual de un mínimo del 1% de la superficie forestal a escala nacional para preparar el territorio frente al paso de los grandes fuegos forestales; destinar unos mil millones de euros al año para gestionar el paisaje forestal a escala nacional; constituir la “excepcionalidad forestal ibérica” como “elemento diferenciador en las políticas europeas” que faculten a España y Portugal a “incluir los condicionantes, necesidades y riesgos a la hora de ejecutar actuaciones destinadas al aumento de la resiliencia de los montes ibéricos”; incorporar a las políticas europeas y nacionales una sensibilidad sobre “las peculiaridades de nuestros ecosistemas forestales”; y coordinar las políticas de índole forestal, de conservación del patrimonio natural, de lucha contra el cambio climático, agraria, de desarrollo rural y de lucha contra la población.
También recordó la importancia de poner en marcha un plan sectorial de contabilidad para la actividad selvícola; la consideración de la gestión sostenible como posible actividad de interés general; deducciones en impuestos para los gastos e inversiones para la conservación, mantenimiento, mejora y acceso del monte que ejecuten los selvicultores activos; y distintas reducciones y exenciones fiscales.