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Tras la oleada de críticas recibidas el pasado año por el estado físico de los animales, la ausencia de controles visibles y la falta de medidas por parte de la organización, las miradas se dirigen ahora hacia el Ayuntamiento. ¿Repetirá el consistorio el modelo anterior o introducirá algún tipo de regulación o supervisión efectiva para garantizar el bienestar animal?
Por el momento, no se ha hecho público si el equipo de gobierno ha previsto controles veterinarios antes, durante o después de la prueba. Tampoco se ha anunciado si habrá modificaciones en el reglamento de participación, si se exigirá documentación sobre el estado de salud de los animales o si se implementará algún mecanismo de intervención en caso de agotamiento evidente, como ocurrió en la edición anterior. El silencio institucional mantiene abierta la incertidumbre sobre cuál será la actitud del Ayuntamiento.
Tampoco se conoce si se establecerán controles sobre las condiciones de los participantes. ¿Se impedirá que personas bajo evidentes efectos del alcohol o drogas monten sobre los animales? ¿Se valorará su capacidad para actuar con responsabilidad en un acto público con implicaciones legales y éticas? ¿Habrá algún tipo de identificación obligatoria o registro previo que permita asegurar unas condiciones mínimas de seguridad, legalidad y respeto?
A estas preguntas se suman las acciones que puedan emprender colectivos en defensa de los derechos de los animales. PACMA ya mostró su interés en la edición anterior y es previsible que mantenga su vigilancia sobre el evento. ¿Se movilizarán para documentar la prueba? ¿Solicitarán su suspensión? ¿Tendrán acceso a información relevante sobre el proceso de autorización y supervisión?
Una de las novedades que ha comenzado a circular es la supuesta intención de algunos participantes de cubrirse con pasamontañas durante la prueba, presumiblemente para evitar ser identificados si se produce una denuncia pública o jurídica. Este hecho, de confirmarse, agravaría la situación: no solo dificultaría la responsabilidad individual en caso de comportamientos inadecuados, sino que evidenciaría una voluntad expresa de evitar la transparencia. ¿Qué imagen transmite un evento público en el que se ocultan los rostros de quienes intervienen directamente con animales? ¿Hasta qué punto se puede permitir una práctica que requiere anonimato para desarrollarse?
Surge también una pregunta de fondo: si durante la celebración de la burrada se produjera un delito de maltrato animal, ¿caería sobre los responsables el peso de la ley? ¿Asumirá la Guardia Civil local una función activa de vigilancia durante el desarrollo del evento? ¿Se supervisará el estricto cumplimiento de la legislación vigente en materia de protección animal? ¿O, por el contrario, se actuará con tolerancia bajo el pretexto de tratarse de una tradición festiva?
La imagen pública de Boñar, capital de la comarca del Porma, ya quedó profundamente dañada en la edición anterior, cuando medios nacionales y redes sociales convirtieron el evento en un símbolo de desprestigio. Las consecuencias no fueron menores: la repercusión alcanzó más allá del ámbito local y colocó al municipio en el foco de atención por razones ajenas al orgullo festivo. La duda ahora es si se arrojará más gasolina sobre ese incendio o si, por el contrario, se optará por una gestión prudente, transparente y respetuosa con el entorno y los tiempos actuales.
Algunos nombres y apellidos tienen la respuesta, y también la responsabilidad de los resultados. La decisión de seguir mirando hacia otro lado o de actuar con firmeza marcará la diferencia. Porque ya no se trata solo de una carrera simbólica en una plaza, sino de la capacidad de una institución pública para ejercer liderazgo, proteger a los más vulnerables —en este caso, los animales— y reconstruir la reputación de un municipio que aún puede elegir en qué lugar quiere estar.
