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En una carta remitida ayer viernes a la Comisaria Europea de Medio Ambiente, Jessika Roswal, Castilla y León y otras doce autonomías (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Extremadura, Galicia, Navarra, Madrid, Murcia, La Rioja y Valencia), además de las dos ciudades autónomas, denuncian el incumplimiento de la ley por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y remiten a Bruselas el censo que el Gobierno central debió haber enviado antes del 31 de julio. También solicitan una entrevista con la comisaria ante la situación creada.
Según relatan desde el Ejecutivo regional en un comunicado difundido por Ical, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico convocó para el pasado 22 de julio la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, órgano en el que se debería haber aprobado el informe sexenal de todas las especies de la Directiva Hábitats, incluido el lobo, y otros temas del orden del día.
Sin embargo, el Ministerio desconvocó la reunión sin ofrecer a las comunidades ninguna justificación, circunstancia que se interpreta como un acto para evitar que fuera aprobado el citado informe, que revela que el estado de conservación del lobo es favorable. Este documento había sido previamente aprobado y propuesto por la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad.
Tras esta suspensión “irregular” de la Conferencia Sectorial, Castilla y León y otras comunidades solicitaron, hasta en dos ocasiones, una nueva convocatoria de conformidad con el reglamento de dicho órgano; pero el Ministerio lo rechazó, pese a que una mayoría de autonomías lo requerían.
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio lamenta estas “maniobras de incumplimiento palmario de la Ley” por parte del Ministerio, que tienen por objetivo evitar que se remita a Europa la realidad de la situación de conservación del lobo en España, en clara expansión en población y territorio, pasando de 279 manadas del anterior censo a 333 en el realizado por personal público de las distintas comunidades autónomas con presencia del mismo.
La finalidad es que las comunidades autónomas no recuperen la gestión de la especie, como así lo ha determinado Europa en la reciente modificación de la Directiva Hábitat, y también el Parlamento Español, en la reciente Ley de Desperdicio Alimentario, en la que se introdujeron unas disposiciones que sacaban al lobo del Listado de Especies de Protección Especial.
Las quince comunidades y ciudades autónomas pretenden recuperar la gestión de la especie para seguir conservando de forma favorable el lobo, pero buscando el equilibrio con la ganadería y los daños que se causan a la misma por el lobo, que en 2024 sólo en Galicia, Cantabria y la Rioja fueron más de 12.000 las cabezas muertas.
