BOLETIN INFORMATIVO MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE DE 2025
Ecologistas en Acción ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la falta de respuesta de la Junta de Castilla y León a las peticiones de información sobre la situación del lobo en el Parque Nacional de los Picos de Europa y en el conjunto de la Comunidad.
CyL28 de julio de 2025
RML
La organización ecologista remitió instancias en enero y mayo de 2025 solicitando datos oficiales sobre la situación del lobo, con especial interés en los expedientes relacionados con ataques al ganado durante los años 2023 y 2024. Esta documentación ya había sido solicitada en las reuniones del Patronato del Parque Nacional celebradas en diciembre de 2023 y 2024, donde la co-dirección castellano-leonesa del Parque se comprometió a facilitarla.
Ante la falta de respuesta por parte de la Junta, Ecologistas en Acción ha recurrido al Defensor del Pueblo al considerar vulnerados los derechos de acceso a la información ambiental y participación en la gestión del Parque, especialmente por tratarse de un representante de las asociaciones conservacionistas en el propio Patronato.
La queja se produce en un contexto marcado por la reciente reducción del nivel de protección del lobo en España, una decisión que se introdujo mediante una disposición adicional de la Ley 1/2025 de lucha contra el desperdicio alimentario, un texto legal sin relación directa con la fauna silvestre. Esta modificación legislativa ha generado preocupación entre las organizaciones conservacionistas, al considerar que la especie continúa en estado de conservación desfavorable.
La falta de acceso a información oficial sobre la gestión del lobo y los expedientes tramitados en relación con su presencia en zonas protegidas como el Parque Nacional de los Picos de Europa dificulta, según la organización denunciante, una evaluación independiente de la situación y de las políticas aplicadas por las administraciones autonómicas, en este caso la Junta de Castilla y León.
Hasta el momento no ha trascendido respuesta oficial por parte del Gobierno autonómico a la queja presentada ni se ha informado de si se prevé facilitar la documentación solicitada en los próximos días. El caso queda ahora en manos del Defensor del Pueblo, que deberá determinar si se han vulnerado derechos de acceso a la información y participación ciudadana.
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