RML
Han pasado casi noventa años desde que la violencia borró de un plumazo la voluntad democrática en Mansilla de las Mulas. Seis de los nueve concejales electos fueron fusilados tras el alzamiento militar de julio de 1936. Junto a ellos, vecinos que compartían ideales republicanos o simplemente despertaban recelos en los sublevados. Ahora, sus familias quieren que se nombre el horror, que se reconozca a las víctimas y que el pueblo afronte un pasado que durante demasiado tiempo se mantuvo enterrado en la desmemoria.
Una moción impulsada por los descendientes de los represaliados plantea acciones claras: inclusión de sus nombres en un registro público, organización de actos de homenaje, incorporación de estos hechos en los contenidos educativos locales y, sobre todo, una disculpa institucional que ponga fin al silencio oficial. No se trata —insisten— de reabrir heridas, sino de cerrarlas con dignidad.
La iniciativa ha sacudido conciencias. En la localidad aún perviven relatos cruzados sobre aquellos días, donde el miedo y la represión se instalaron en plazas y casas. Las nuevas generaciones apenas han escuchado hablar de ello. El olvido ha sido norma, y la historia, una cicatriz apenas visible. Pero las familias no han olvidado. Conservan nombres, fechas, cartas, retratos. Y con todo ello, han decidido dar un paso al frente.
La propuesta se encuentra ahora en manos del consistorio. Algunos representantes han mostrado predisposición a dialogar. Otros, más reticentes, alegan que remover el pasado puede dividir. Pero quienes defienden la moción replican que la unidad no puede construirse sobre la negación. Reivindican que conocer lo ocurrido no es un ejercicio de revancha, sino de justicia y humanidad.
Este movimiento se enmarca en un esfuerzo más amplio que atraviesa el país: el de mirar de frente a la represión ejercida tras el golpe del 36 y durante la dictadura. Cada pueblo tiene su historia pendiente, sus desaparecidos, sus ausencias no contadas. Mansilla quiere ahora recuperar los nombres borrados, dignificar a quienes fueron asesinados por haber representado al pueblo en las urnas.
Lo que está en juego no es solo la memoria de unas víctimas, sino el derecho colectivo a saber. Porque una democracia que no reconoce a sus muertos se queda incompleta. Y porque, como insisten los impulsores de la moción, nadie puede construir futuro sobre una verdad mutilada.
