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La organización ambiental WWF ha enviado una carta a las comunidades autónomas con poblaciones de lobo ibérico al norte del río Duero en la que advierte de que “matar lobos es ilegal” mientras esta especie ese encuentre en “un estado de conservación desfavorable” en el ámbito nacional, por lo que llevará ante los tribunales cualquier plan que incluya “cupos de caza o captura de ejemplares”.
El Congreso de los Diputados aprobó la semana pasada el regreso de la caza deportiva del lobo ibérico al norte del Duero gracias a varias enmiendas introducidas en la Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario.
Cuando esa norma se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entre en vigor, el lobo ibérico dejará de ser una especie protegida en toda España y saldrá del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) para volver a ser una especie cazable al norte del Duero.
Tras ese cambio legislativo, los gobiernos de Asturias y Cantabria han anunciado su intención de aprobar planes que incluyen la matanza de hasta un 20% de sus poblaciones de lobos ibéricos. Según WWF, esa estrategia ha demostrado ser “inútil” para reducir los ataques loberos a la ganadería.
Además, WWF denunció este martes que estas acciones incumplen la normativa europea, pues el hecho de que una especie de fauna sea gestionable (es decir, que no esté estrictamente protegida) no elude la obligación de mantener sus poblaciones en un estado de conservación favorable, algo que no sucede en España.
Sentencia europea
Así lo han determinado los tribunales en varias ocasiones, más recientemente en julio del año pasado, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló el plan de Castilla y León que permitía la caza de 339 lobos entre 2019 y 2022 al norte del río Duero.
Esa sentencia estableció que "el lobo no puede ser declarado como especie cazable en el ámbito regional cuando su estado de conservación a nivel nacional es desfavorable".
Según el último informe poblacional remitido por España a la UE en 2019, y que debe ser actualizado este año, las poblaciones nacionales de lobo ibérico se encuentran en un estado “desfavorable-inadecuado”, lo que obliga a tomar medidas adicionales para asegurar su viabilidad futura.
El TJUE apuntó en su sentencia de 2024 que “la finalidad de esas medidas debe ser mantener o restablecer la especie de que se trate en un estado de conservación favorable”, y añadió que “cuando dichas medidas incluyen normas relativas a la caza, están destinadas a restringirla, y no a ampliarla.”
WWF recordó que, para llevar a la población ibérica del lobo a un estado de conservación favorable, las administraciones regionales deben asegurar tanto la expansión a otros territorios como el crecimiento en su propio ámbito geográfico.
“Ilegal e incompatible”
Esta organización indicó que “la lenta recuperación del lobo ibérico es muy frágil” y muestra “una alarmante falta de progreso en la última década”, con “un crecimiento marginal” de un 1% anual en sus principales bastiones, como Galicia y Castilla y León. Mientras tanto, su estado ha empeorado en Portugal, con una reducción de un 23% en el territorio ocupado por la especie en las últimas dos décadas.
“La población de lobos en España no ha crecido exponencialmente, como afirman algunas administraciones. La realidad es que la recuperación de esta joya de la fauna ibérica se ha estancado en la última década, y su futuro sigue sin estar asegurado”, aseguró Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.
Del Olmo añadió: “Matar lobos no solo es ilegal e incompatible con la recuperación de la especie, sino que también es una estrategia inútil para reducir los ataques al ganado”.
Por ello, WWF llevará ante los tribunales y la Fiscalía cualquier plan autonómico que vulnere la normativa vigente y exigió a las comunidades autónomas que apuesten por “soluciones reales para la coexistencia” con la ganadería.
Según un informe publicado recientemente por WWF España, las administraciones autonómicas suspenden en el apoyo a las medidas de prevención de daños al ganado, y en la existencia de sistemas de compensaciones justas y eficaces en caso de ataques.
Asimismo, la organización ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que recurra los planes autonómicos de gestión del lobo que no se ajusten a la legislación europea, estudie la posible inconstitucionalidad de las enmiendas aprobadas en el Congreso la semana pasada e inicie de oficio el procedimiento para volver a incluir al lobo en el Lespre, en línea con las recomendaciones científicas.
