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Además, el acusado ha sido sentenciado a un año adicional de prisión por tenencia ilícita de armas y deberá indemnizar a las víctimas con una cantidad superior a los 430.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
El tribunal también ha condenado a su hijo a dos años, un mes y 15 días de prisión por su participación en uno de los robos, perpetrado en una sucursal de Caja Rural en Gijón, donde lograron sustraer 46.025 euros. La sentencia menciona que otro hijo del acusado, fallecido en 2023, también estuvo implicado en la serie de asaltos, en su mayoría dirigidos contra entidades bancarias.
Detalles de los robos
Entre los hechos juzgados destacan el atraco a un trabajador de un comercio en San Andrés del Rabanedo, al que sustrajeron 17.877,51 euros cuando se dirigía a depositar la recaudación en un banco. Además, se registró un intento fallido de robo en abril de 2018 en una sucursal de Caja Rural de Zamora en Medina del Rioseco (Valladolid), así como dos asaltos en Oviedo en 2018: uno en mayo, con un botín de 98.726,56 euros, y otro en diciembre, con la sustracción de 16.785 euros.
El robo en la sucursal de Caja Rural en Gijón, en el que participó el hijo del acusado, dejó un botín de 46.025 euros. Por último, en una oficina de BBVA en Ponferrada, lograron huir con 249.890 euros.
Pruebas e investigación
Durante el registro del domicilio del principal acusado, la policía halló una pistola, un ejemplar del Código Penal subrayado en los apartados sobre delitos contra el patrimonio, varios juegos de walkie-talkie, un cuaderno con anotaciones como "33 atracos", 11.300 euros en efectivo y ropa utilizada para ocultar el rostro.
El detenido fue arrestado el 12 de mayo de 2022 y al día siguiente, el Juzgado de Instrucción n.º 4 de León ordenó su prisión provisional sin fianza. La sentencia recoge los agravantes de reincidencia en los seis delitos imputados al principal condenado, mientras que para su hijo se ha aplicado el agravante de disfraz. En ambos casos, se ha considerado el atenuante de dilaciones indebidas.
Según el fallo judicial, ambos acusados reconocieron los hechos en audiencia pública y expresaron su conformidad con las penas impuestas. Sus respectivos abogados no consideraron necesaria la continuación del juicio.
La Audiencia Provincial ha ordenado la destrucción del arma incautada y ha dictaminado que el principal condenado asuma siete octavas partes de las costas procesales.
